Alberto, Cristina, Massa y Axel en el "Pacto de Ensenada" (Foto: Presidencia)-
IERNOEl presidente Alberto Fernández sigue recibiendo fuego amigo aún después del “Pacto de Ensenada”: además de lidiar contra el “enemigo invisible” del Covid, el ala que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que controla la provincia de Buenos Aires donde gobierna Axel Kicillof, le sigue planteando una agenda opositora y no le deja fijar pautas de previsibilidad para el mediano y largo plazo.
“Tienen una agenda opositora dentro del Frente de Todos y no dejan gobernar”, se lamentó ante A24.com un funcionario del albertismo. Luego de la crisis de las tarifas eléctricas, el bloque del Frente de Todos en el Senado le marcó la cancha nuevamente al ministro de Economía, Martín Guzmán. Además, el ministro bonaerense de Desarrollo Humano, Andrés Larroque, pidió la restitución “indispensable” del IFE como ayuda a los castigados económicamente por la pandemia del Covid, lo cual resentiría aún más la política fiscal de Guzmán.
Dentro del Frente aún no está saldada la discusión por el modelo económico. El ala kirchnerista sigue reclamando distribucionismo y Guzmán se siente obligado a hacer fiscalismo para resolver la deuda y la relación de la Argentina con el mundo. La única buena noticia es que 70 representantes de los Estados Unidos pidieron que países como la Argentina no deban pagar la deuda en la pandemia.
Pero luego de haber quedado debilitado por no haber podido echar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que se oponía al aumento de tarifas eléctricas, Guzmán recibió nuevas malas noticias de los senadores que responden a Cristina Kirchner, con Oscar Parrilli como abanderado. Dictaminaron un proyecto de declaración para pedirle a Guzmán no usar el futuro desembolso de 4.350 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en el pago de la deuda con el organismo y que focalice en atender la pandemia con ayudas similares al IFE.
El fallo de la Corte Suprema que dictaminó la autonomía de la Ciudad para disponer la presencialidad en las escuelas y desoír los dos DNU, el 241 y el 287, fue el único factor que sirvió para unir al Frente de Todos en contra de dos adversarios comunes: la Ciudad y la propia Corte Suprema. El otro “factor de unidad” fue una conversación tensa entre el Presidente y Cristina Kirchner que terminó en un acuerdo forzado: Basualdo no se irá del Gobierno y no habrá aumentos de tarifas por encima del 9% de mayo. Ambas decisiones fueron impuestas por la vicepresidenta antes de la “foto de la unidad” de Ensenada.
En los momentos de mayor tensión, el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, por el “albertismo”, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, por el “cristinismo”, también dialogaron entre sí para superar el conflicto. Wado tenía línea permanente con el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Circunscribieron el conflicto en una fórmula remanida: el conflicto entre Guzmán y Basualdo “es entre ellos, entre dos economistas” y “entre ellos lo van a resolver”. Basualdo es sociólogo. “Bueno, entonces entre un economista y un sociólogo”, dicen cerca de ellos.
Para salir del laberinto de las peleas internas, el fallo de la Corte le dio una oportunidad al Gobierno de reflotar la guerra contra Rodríguez Larreta. Alberto Fernández y Crisitina Kirchner focalizaron su ataque en el máximo tribunal, al que calificaron de “golpista”, “opositor” y “decrépito” e incurrieron en una contradicción, entre otras: el Presidente dijo que el fallo no tiene efecto porque el DNU 241 ya no está vigente, pero al mismo tiempo aseguró que “buscó favorecer a un candidato”. Si favoreció a alguien, entonces sí tuvo efecto. Si no tuvo efecto, no favoreció a nadie.
Pero la decisión del Presidente fue redoblar la apuesta. Ordenó apurar el proyecto de ley para que el Congreso le otorgue facultades extraordinarias para combatir la pandemia y evitar cuestionamientos de futuros DNU ante la Corte. También exigió a la Ciudad y a Mendoza que obedezcan la resolución del Consejo Federal de Educación, que dispuso que en las provincias de alarma epidemiológica no puede haber clases presenciales.
También el Gobierno avanzó en la presión y convocó a los bloques opositores al Congreso este viernes a las 17 para apurar el consenso en la postergación de las PASO del 8 de agosto. El lunes próximo, Alberto Fernández deberá firmar el DNU de convocatoria a las elecciones como último plazo. Por ahora se mantiene el cronograma original.
Pero el Gobierno desplegó otra presión sobre Rodríguez Larreta. Wado de Pedro y Guzmán enviaron en forma sorpresiva una convocatoria al jefe de gobierno para el viernes a las 10 para negociar los recursos de la Policía de la Ciudad que el Presidente le había quitado mediante un DNU en 2020: 65.000 millones de pesos. La Ciudad los reclamó ante la Corte por considerar esa quita inconstitucional y el tribunal había convocado para el 21 de mayo a las dos partes para una instancia de diálogo.
La carta hacia Rodríguez Larreta llegó primero a las redacciones de los diarios y los medios de comunicación que a la sede porteña de Uspallata. Si no podía ir hoy, le daba opciones para el 17, 18 o 19 de mayo. La ley que mandó a sancionar el Presidente luego de aquel DNU de quita de fondos fijaba una instancia de diálogo para acordar el monto fijo que la Nación le giraría a la Ciudad en el futuro, partida que no sería automática. Pero el Gobierno no había convocado nunca a la Ciudad antes.
El fallo de la Corte por la autonomía de la Ciudad respecto del DNU 241 despertó el apuro del Poder Ejecutivo en realizar una reunión por aquellos fondos antes de ir a la audiencia en la Corte, que al decir de Alberto Fernández ya no es territorio neutral sino amigo de la oposición. Peor aún, para la vicepresidenta es “golpista”. Mejor era adelantarse y convocar a Rodríguez Larreta al Salón de los Escudos.
El jefe del gobierno porteño aceptó la reunión, pero propuso la fecha del 18 de mayo para notificar a la Corte y dejó en claro que no renunciaría a la demanda que tiene en el tribunal. Rodríguez Larreta no podía evitar la “instancia de diálogo”, al que siempre reivindica como mecanismo de solución de conflictos. En el distrito porteño presumen que el fallo reciente anticipa buenas noticias en la Corte. La audiencia conciliatoria en el máximo tribunal será tres días más tarde.
Pero en la Ciudad no dejan de escuchar a las voces radicalizadas, como la del asesor del Ministerio de Agricultura y constitucionalista K Eduardo Barcesat, que propuso el juicio político para los jueces de la Corte Suprema, pese a que el Frente de Todos no tiene número en el Senado, y la intervención federal a la Ciudad por desacatar el DNU 241 antes y ahora el 287. Son disparates aunque no se los puede subestimar.
El Gobierno busca salir del atolladero de su pelea interna con una profundización del conflicto con la Ciudad, que en realidad es con el principal candidato presidencial de Juntos por el Cambio con miras a las elecciones de 2023. “Una parte del Gobierno, aunque gobierna la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito, elige un papel de espectador y con tono de oposición le reclama a Alberto demandas opositoras, como no pagarle al FMI, el IFE o el congelamiento de tarifas, sin advertir que son gobierno y le dejan la responsabilidad al albertismo duro”, se quejan en la Casa Rosada.
“Mientras que Alberto piensa en cómo hacer viable el modelo en el mediano y largo plazo, el Instituto Patria piensa en las elecciones y en manotear guita de cualquier caja, ahora de la hidrovía. Tiene la agenda del Frente de Izquierda de los Trabajadores”, señalan en los pasillos de la Casa Rosada. La “foto de la unidad” de Ensenada disimuló solamente las divisiones.
“Es una puesta en escena. Las diferencias existen y están obligados a jugar juntos porque si no el Gobierno se desintegra. Pero siempre estarán midiendo poder”, confió un hombre que conoce a ambas alas del oficialismo. “Cristina va a mantener hasta el final la coalición como ocurrió con Julio Cobos, que fue vaciado de poder pero duró hasta el final de su mandato”, comparó otra fuente oficial. No romperán hasta que les toque el final del mandato. Pero los recelos continuarán hasta que los resultados de las divisiones muestren el éxito o el fracaso en las urnas.
