- Que se declare la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022 (está vigente desde el 2001)
- Que se de un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias de 2019 correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición
- Que estas políticas, hasta el 2022, se actualicen automáticamente por inflación
- Que el Ejecutivo no pueda redistribuir partidas destinadas a gastos sociales para costear estos nuevos requisitos.
Mientras los legisladores debaten en la Cámara Alta, las calles están copadas por los movimientos sociales. Los más radicalizados (Polo Obrero, Barrios de Pie) aseguraron que más allá de que salga la ley, las medidas contempladas son insuficientes. De hecho, ya anunciaron un nuevo acampe para el martes próximo.