Movimientos sociales y la izquierda marcharán este miércoles 4 de septiembre junto a los jubilados, primero al Congreso y después a Plaza de Mayo. La medida se decidió tras el veto total firmado por Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.
Los movimientos sociales y de izquierdas irán primero al Congreso y luego se trasladarán a Plaza de Mayo el próximo miércoles. El ministerio de Seguridad aplicará el protocolo antipiquetes.
Movimientos sociales y la izquierda marcharán este miércoles 4 de septiembre junto a los jubilados, primero al Congreso y después a Plaza de Mayo. La medida se decidió tras el veto total firmado por Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.
Además, en un comunicado, anuncian un “repudio a la represión policial” del miércoles pasado durante la protestas frente al Anexo de la Cámara de Diputados y el rechazo a la decisión presidencial de bajar el aumento a los jubilados.
Entre los grupos que conformaron su presencia están las agrupaciones nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) como el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Barrios de Pie.“El plan de este Gobierno se sostiene ajustando a los jubilados”, dijo Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie.
La última marcha fue el 10 de abril. Ese día los piqueteros, encabezados por el Polo Obrero, que se concentraban frente al histórico edificio ubicado en Moreno y 9 de Julio decidieron interrumpir el tránsito. La Policía de la Ciudad y las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes con los camiones hidrantes a la cabeza y en menos de una hora fueron dispersados y hubo más de 20 personas detenidas.
Ahora, la movilización del miércoles pondrá nuevamente a prueba al protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. A fines de junio, cuando la Ley Bases fue sancionada en el Congreso, la protesta piquetera terminó con 16 detenidos.
En los últimos meses, la agenda de los movimientos sociales fue mermando ante la investigación por maniobras fraudulentas que complica a varios dirigentes del sector.
En abril pasado, la Justicia federal abrió un expediente tras denuncias recibidas a través de la línea 134 que reportaban prácticas coercitivas supuestamente utilizadas por los movimientos sociales para garantizar la asistencia a sus marchas.
“Desde hace cuatro meses no hay más piquetes en la República Argentina. Este es el resultado de hacer cumplir la ley y de entender que para un país serio sólo cabe una premisa que es la de: ‘dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada’”, recordó el vocero presidencial Manuel Adorni en la conferencia de prensa que brindó el miércoles último desde la Casa Rosada.