Mediante una resolución que lleva la firma de 4 magistrados, se otorgó un incremento por el cual pasarán a cobrar de 14 a 24 millones de pesos a fin de año. El gobierno de Claudio Vidal cuestionó la medida.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz volvió a quedar en el centro de la polémica. Tras un año marcado por marchas y contramarchas en torno a la ampliación de sus miembros, el máximo tribunal aprobó una resolución para aumentar los sueldos de vocales, jueces y funcionarios en 2026, una decisión que generó el rechazo del gobierno provincial y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La medida fue formalizada en una resolución firmada el 30 de diciembre de 2025 por los vocales Reneé Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña, aunque su contenido trascendió recién esta semana. El texto establece aumentos acumulativos del 4% mensual entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual entre agosto y octubre.
Desde el Ejecutivo santacruceño salieron al cruce de la decisión. La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, advirtió en A24 que la pauta “supera las proyecciones inflacionarias” y contrasta con la política salarial aplicada al resto de los empleados públicos, cuyos incrementos se limitaron a acompañar la inflación.
Elmiger remarcó que el debate no cuestiona la independencia judicial, sino la razonabilidad de las decisiones en el contexto actual. “La provincia atraviesa un proceso de ordenamiento y administración responsable de los recursos. Ese esfuerzo involucra a todos los poderes del Estado y debería ser compartido”, sostuvo. En la misma línea, afirmó que la intangibilidad salarial no puede analizarse de manera aislada de la realidad económica y social.
Según el anexo de la resolución, los vocales del TSJ percibirán en enero de 2026 un básico de $1.574.940, y al finalizar el esquema en octubre llegarán a $2.177.588, lo que implica un incremento del 38,2% sin contemplar otros ítems que impactan en el ingreso final.
Desde el Ejecutivo, en cambio, señalaron que —de acuerdo con los montos oficiales totales— los salarios de los vocales pasarían de valores cercanos a $13 y $16 millones en diciembre de 2025 a cifras entre $19 y casi $24 millones en octubre de 2026, con aumentos acumulados de hasta $7 millones por magistrado.
En los fundamentos, el TSJ justificó la medida en criterios de “equidad” y “razonabilidad”, y sostuvo que los salarios no pueden alejarse de forma “grosera” de los que perciben magistrados de otras provincias y del orden federal. Para respaldar su postura, citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre intangibilidad salarial e independencia del Poder Judicial.
El malestar se profundizó porque el 17 de diciembre de 2025, los mismos magistrados rechazaron la incorporación de nuevos jueces al TSJ, alegando “serias complicaciones financieras” y la necesidad de preservar recursos. “Cuando se trata de ampliar la estructura para mejorar el servicio de justicia, se invoca la falta de fondos. Pero cuando se trata de aumentos automáticos para la cúpula judicial, esas restricciones parecen no existir”, cuestionó Elmiger.
Además, el Gobierno advirtió que varios integrantes del máximo tribunal ya reúnen los requisitos jubilatorios, lo que reabre el debate sobre el impacto fiscal de estas decisiones en el mediano plazo.
La resolución excluye al personal judicial, ya que el aumento alcanza solo a vocales, jueces, magistrados y funcionarios, lo que provocó un fuerte rechazo gremial. En un comunicado, el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, calificó el incremento como “obsceno” y denunció que los jueces “se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control ni debate público”.
“El salariazo auto otorgado por la cúpula del Poder Judicial roza el 50% anual, mientras los trabajadores santacruceños atraviesan una situación de vulnerabilidad social y económica”, afirmó Garzón. También cuestionó que se trate de un poder que no paga Impuesto a las Ganancias y que, aun así, se asegura aumentos muy por encima de la inflación.
