La empresa firmó un contrato poco menos que leonino con una sanitarista que repatrió de Francia. Alquileres por 3.500 dólares, el plan de salud más caro, retribución equivalente a 40 salarios mínimos, auto con chofer, bono de cuatro meses e indemnización por 25 años de trabajo.
La Cámara Federal porteña dejó al borde del juicio oral al ex titular de AySA, José Luis Inglese, por presunta defraudación contra la administración pública a raíz de la contratación millonaria de la abogada María Alejandra Alberdi, cuyas tareas dentro de la empresa estatal son desconocidas.
Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico ratificaron el procesamiento de Inglese por un contrato con condiciones perjudiciales para la empresa.
“El accionar de los nombrados posibilitó que, a través del cobro de una remuneración por tareas infundadas, Alberdi se beneficiara indebidamente. Esa práctica continuada y repetida en el tiempo generó la transferencia de fondos por parte de AySA en forma injustificada”, sostiene la resolución.
La causa se inició en 2020 por una denuncia de la administración de Malena Galmarini, al frente de AySA durante la presidencia de Alberto Fernández.
Alberdi fue contratada en julio de 2017, con una remuneración mensual neta de 386.446 pesos, el equivalente a 40 salarios mínimos.
El contrato también incluía beneficios extraordinarios como alquiler mensual por 3.500 dólares, auto con chofer, cobertura de salud con el plan más caro de OSDE y una gratificación equivalente a una indemnización por 25 años de antigüedad, pese a que trabajó menos de tres años en la empresa.
Al término de su contrato en 2020, Alberdi recibió una suma adicional de 23.968.912 pesos por la rescisión de su relación laboral, que también le garantizó su continuidad en el directorio.
Los camaristas subrayaron que la contratación de Alberdi fue secreta, impidiendo al directorio y a los órganos de control interno ejercer sus funciones.
“El acuerdo contractual parece haber sido hecho a medida de Alberdi, más que en beneficio de la empresa estatal”, argumentaron.
Los procesados afrontan cargos que prevén penas de hasta seis años de cárcel por fraude en perjuicio de la administración pública, por incumplir con sus deberes en la contratación de la abogada.
