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POLÍTICA

Reforma judicial: Alberto analiza hasta dónde ceder, pero la oposición se cierra en un duro rechazo

Reforma judicial: Alberto analiza hasta dónde ceder, pero la oposición se cierra en un duro rechazo
La reforma judicial marca un nuevo enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición (Foto: archivo).

Luego del rechazo de la oposición y de la gran mayoría de los jueces a la reforma judicial, el gobierno de Alberto Fernández evalúa ahora hasta dónde aceptar modificaciones en el proyecto de ley que envió la semana última al Senado. El bloque del Frente de Todos se prepara para retocar el texto para que sea más digerible en la difícil Cámara de Diputados. La plana mayor de Juntos por el Cambio (JxC) resolvió ayer que no negociará nada. Rechazo puro. Los diputados no aceptarán más sesiones virtuales.

Tal como adelantó A24.com, el proyecto de reforma judicial barrió con los últimos buenos modales que quedaban entre el oficialismo y la oposición. Profundizó la grieta hasta límites impensados hace un mes: el Jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, resolvió, presionado por todo JxC, no restringir más la cuarentena por el COVID-19 y avanzar en todo lo que pueda para flexibilizarla. La oposición criticará severamente la cuarentena dura de Alberto.

“Hay un pedido a todos los bloques y a nuestros senadores para que propongan reformas. Siempre manteniendo el espíritu de la ley”, señaló a A24.com una alta fuente del Frente de Todos. El pedido vino de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dirige la ultrakirchnerista María de los Ángeles Sacnún. “Se les dice a todos los sectores que aporten”, señaló.

Tiene la certeza de que el peronismo en el Senado cuenta con los números suficientes para sancionarla (41 senadores propios y 2 aliados). Pero en la Cámara de Diputados, la bancada tiene 119 miembros y, ante la cerrada oposición de JxC, necesita negociar con los interbloques de Unidad Federal (8 miembros) y Federal (11). Hay muchos legisladores de esos bloques que quedarían obligados, presionados por el electorado al que responden, a rechazar los aspectos más conflictivos de la ley.

En el Ministerio de Justicia, que dirige Marcela Losardo, también descuentan reformas. Lo mismo comentó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro. “Las leyes se mandan para debatir, no son paquetes cerrados. No me sorprende que se reforme”, dijo Navarro en la intimidad, en sintonía con declaraciones de Cafiero.

En rigor, en la Casa Rosada muchos albertistas descontaban la semana última que esta reforma le iba a traer al Presidente tantos costos políticos como el anuncio de la expropiación de Vicentin, en la que finalmente debió dar marcha atrás por el rechazo social y legislativo. “Muchos albertistas sienten que están cargando la mochila que les puso Cristina, la reforma que quiere ella”, dijo a A24.com un funcionario de Balcarce 50.

En la lista de colaboradores del Presidente que temen esta nueva reforma pírrica están el propio Cafiero, Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos; la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra; y los asesores Juan Manuel Olmos, Francisco Meritello y Juan Pablo Biondi, entre otros. “Pero la realidad es que este gobierno es de los dos: Alberto y Cristina. Y ella es parte”, se resigna uno de ellos.

Este pesimismo en Balcarce 50 se acentuó luego de que las cámaras del Crimen y Civil y Comercial hicieran una declaración pública que señala en forma contundente que el proyecto es inconstitucional.

En el kirchnerismo puro aseguran que “por ahora no hay ninguna modificación en vista, aunque sí apertura al debate, con muchos opositores exponiendo en las comisiones”. En ese sector decían que no iba a haber marcha atrás en la expropiación de Vicentin.

En JxC descreen de las verdaderas intenciones de modificación en el oficialismo. “El único cambio que admitieron por ahora es que mañana (por hoy) no irá Raúl Zaffaroni a la comisión”, ironizó la senadora Laura Rodríguez Machado, clave dentro del bloque.

Los principales cuestionamientos que despierta el proyecto, y que podrían ser materia de cambios son los siguientes:

  • El aumento de 12 a 46 juzgados federales, que incluyen los actuales 11 juzgados en lo Penal Económico. A eso se suman 23 nuevas fiscalías y 8 defensorías.
  • La creación de 94 juzgados federales nuevos en el interior, con sus respectivos fiscales, secretarios y defensores.
  • El aumento de miembros de la Corte Suprema y la división en salas.
  • El traspaso de la justicia penal ordinaria de la Nación a la Ciudad, con el consiguiente nombramiento de vacantes.

Todo este esquema supone la apertura de centenares de vacantes de jueces, fiscales y funcionarios que podrían ser digitadas a dedo por el oficialismo. Además, significa un incremento de unos 4000 millones de pesos por mes en el presupuesto judicial. Pero no terminan allí las críticas. Hay cuestiones operativas:

  • No se explica por qué se traspasa el fuero penal ordinario a la Ciudad y no los fueros civil, comercial y laboral. Esos también son nacionales y la Constitución ordenaba transferirlos a la Ciudad.
  • No se explica por qué existe una doble vara: los 23 juzgados federales de Capital serían cubiertos por subrogantes (suplentes) del actual fuero penal ordinario. Los 94 juzgados federales del interior, con nuevos jueces titulares elegidos por concurso.
  • No se sabe si los jueces penales ordinarios que resulten subrogantes en el nuevo fuero federal abandonarán sus actuales juzgados.
  • Si sus juzgados cambiarán de jurisdicción, de la Nación a la Ciudad, ¿cómo se reincorporarían luego de cumplida la subrogancia que duraría un año, más seis meses de prórroga?
  • Si mantienen el doble estatus, ¿cómo podrían ser jueces federales dependientes de la Nación y jueces penales ordinarios de la Ciudad al mismo tiempo?
  • La Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional que confeccionaría las listas de candidatos a subrogantes está conformada por mayoría de jueces del kirchnerismo o afines.
  • La ley de subrogancias, 27.439, prohíbe en el artículo 14 que los nuevos juzgados sean cubiertos con subrogantes.

El senador Guillermo Snopeck, del Frente de Todos, de Jujuy, señaló que “es un proyecto capitalino con intención federal; es la justicia capitalina”. Pidió: “Primero hay que cubrir las vacantes que están inconclusas. Tenemos tres juzgados federales en Jujuy y un solo juez que subroga los otros dos. Antes hay que crear una Sala Federal con superintendencia que funciona en la Cámara Federal de Salta”. El proyecto del Gobierno prevé crear seis juzgados federales más para Jujuy y llegaría a nueve. “¡No necesitamos tantos!”, exclamó.

En una reunión de la conducción de JxC, todos coincidieron en rechazar de plano la reforma judicial. Más aún, los diputados de la coalición opositora se negaron a sesionar en forma virtual porque el protocolo ya caducó y no aprobarán otro.

La buena relación con Sergio Massa se complicó por los ataques del Gobierno y de Cristina.

En el Zoom estaban Mauricio Macri desde París; los dirigentes del PRO Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Miguel Pichetto, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni y Federico Angelini; los radicales Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Mario Negri y Martín Lousteau; y los de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Echecoin.

“Macri aseguró que la cuarentena es insostenible y es un escándalo. Pero elogia a Horacio porque, a diferencia del Gobierno, busca una salida. Horacio no va a frenar el avance de la reapertura”, dijo uno de los presentes. “La situación de la Provincia es mucho peor, pero no van a hacer lo que Gollán hace con nosotros, que dice que el problema lo tenemos nosotros. Es al revés”, señaló.

Sobre la deuda se fijó una posición intermedia: “Decimos que el acuerdo se demoró demasiado y lo que se acordó se podría haber hecho mucho antes”. La reforma judicial será ampliamente rechazada. “Incluso Schiavoni dijo que en el Frente de Todos tienen muchas diferencias internas”, señaló un hombre de Macri.

En la oposición se preparan para juntar aliados en contra de la reforma y bloquear los dos tercios de los votos en el Senado para impedir el nombramiento de Daniel Rafecas en la Procuración General y de eventuales nuevos jueces de la Corte Suprema. En esa batalla, aseguran, se jugará la pelea para que el kirchnerismo no controle la Justicia.

por Mariano Obarrio
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