Capital Humano planteó que la asociación involucrada “parecía un polirrubro capaz de abarcar todas las especialidades”. El mismo medio explicó que en el texto judicializado se consignó que los contratos suscritos con la ONG se hicieron “sin ningún tipo de licitación, muchos de los cuales excedían los montos que permitirían una contratación directa”.
Asimismo, desde la cartera que dirige Sandra Pettovello afirmaron que se echó a los funcionarios y empleados implicados de la Secretaría de Trabajo y se “procedió a preservar la documentación que se encuentra bajo revisión y que aportarían data clave respecto del manejo discrecional de dineros públicos en perjuicio del Estado, incluyendo dinero proveniente de fuente internacional”.