De hecho, dos senadores de la oposición se lo plantearon cara a cara a la jueza Figueroa, cuando se presentó a defender su pliego ante la Comisión de Acuerdos del Senado. El radical Julio Martínez le preguntó si no le parecía una “desprolijidad” que estuvieran proponiendo su permanencia como magistrada cuando tiene que resolver en causas que involucran a Cristina Fernández. Con tono firme y cordial, Figueroa afirmó: “No tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para dar mi fallo, me den el acuerdo o no”.
Por su parte, la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, le pidió que explicara qué quiso decir cuando habló de “ensañamiento judicial contra la vicepresidenta”. En este caso, Figueroa explicó que lo dijo “porque no es habitual que a una persona se la cite a 8 declaraciones indagatorias en el mismo día, no es razonable” ( en referencia a una de las convocatorias del fallecido juez Claudio Bonadio).
Por otro lado, aclaró que con sus colegas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, vienen debatiendo las causas que involucran a Cristina Kirchner, y “estamos alcanzando un buen consenso, que es lo que hacemos en los tribunales colegiados. Cuando los temas son delicados o específicamente novedosos, como este caso, desde el ámbito procesal nos tomamos el tiempo para hacerlo lo mejor posible”.
Ana María Figueroa es abogada hace 50 años, destaca por su trayectoria en derechos humanos, paridad de género y autodeterminación de las mujeres. Durante la dictadura militar interpuso Hábeas Corpus. Ingresó al Poder Judicial hace 38 años y en el 2005 fue contratada por la secretaría de Derechos humanos de la Nación para diseñar el mecanismo de intervención del Estado como querellante en las causas de lesa humanidad. Desde el 2011 ejerce su cargo en la Cámara de Casación, donde actualmente ocupa la presidencia. Figueroa es una de las juezas que denunció haber sufrido presiones durante el macrismo.
El pedido de Casa Rosada para que pueda quedarse 5 años más en su magistratura fue remitido al Senado junto con otros pliegos de jueces, defensores y fiscales. El kirchnerismo fracasó hasta ahora en sus intentos por obtener el quórum para tratar el tema en el Senado antes de las PASO.
Hotesur y Los Sauces
Desde hace 9 meses los jueces de Casación Penal, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, están en condiciones de resolver si reabren o no las causas Memorándum con Irán, y Los Sauces y Hotesur. Esta última sería la más sensible de las dos para Cristina Fernández de Kirchner, porque reúne las investigaciones sobre el presunto lavado de dinero a través de una supuesta asociación ilícita que estaría integrada por ella, junto con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Si los fallos pendientes no salen antes del cumpleaños de Ana María Figueroa, el próximo 9 de agosto, la jueza estará obligada a jubilarse. Excepto que antes de esa fecha el Senado apruebe su continuidad, pero el tiempo se agota sin que se garantice el quórum.
Según fuentes judiciales, los votos de los tres magistrados ya fueron redactados, pero no pueden explicar por qué en medio de tantos rumores se posterga la resolución.
Uno de los escenarios posibles es que el fallo se conozca antes del 9 de agosto. Si así no fuese, el futuro de estas causas quedará atado a lo que pase en el Senado.
Sí Figueroa se mantiene en su cargo, el tribunal podría seguir trabajando para emitir su fallo, que para algunos de los consultados en Tribunales se postergaría hasta después de las elecciones. Pero si Figueroa debe retirarse, Barroetaveña y Petrone deberían convocar a un tercer magistrado, en el caso de un empate.
¿Qué podría pasar con la jueza Figueroa si no hay acuerdo del Senado?
El digesto confirma que si para el miércoles el Senado no aprueba el pliego, Ana María Figueroa deberá renunciar, y concretar los trámites de jubilación. La salida de la magistrada no tardaría más de 48 horas. Sin embargo, si elige resistir con un amparo, debería tener en cuenta, que en situaciones parecidas, la Corte Suprema determinó que sin el aval del Senado, el juez que cumple la edad del retiro debe cesar en sus funciones.
Asimismo, un fiscal, un imputado o un querellante de cualquier expediente que tuviera en su poder la jueza Figueroa, quedaría habilitado para reclamar la nulidad.
El principal antecedente es la causa “Schiffrin, Leopoldo Héctor contra el Poder Ejecutivo Nacional”, del 2017, en la que se discutió la validez del límite de edad para ejercer la jurisdicción que incorporó la Constitución Nacional reformada en 1994.
Con su pronunciamiento, la Corte abandonó lo decidido en la doctrina “Fayt” en 1999, y le devolvió la validez al artículo 99, inciso 4°, que exige a los jueces que pretendan seguir en funciones después de cumplir 75 años, un nuevo acuerdo del Senado de la Nación y un nuevo nombramiento del Presidente de la Nación.
De todos modos, la jueza Figueroa no estaría pensando en judicializar su situación.
