El fiscal federal abrió una causa tras la presentación del Gobierno por la filtración de audios de Karina Milei y otros funcionarios. Sin embargo, negó el pedido de allanar domicilios de periodistas y medios involucrados en la difusión del material.
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este martes la apertura de una causa judicial para investigar la denuncia del Gobierno sobre una presunta operación de inteligencia ilegal que habría incluido la grabación de conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas las de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, rechazó el pedido para allanar los domicilios de los periodistas que difundieron el material.
En su dictamen, Stornelli remarcó que la pesquisa “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”. Y agregó: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.
La decisión del fiscal respondió a un planteo del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien había reclamado el allanamiento del canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a la hermana del Presidente. El letrado también pretendía que se requisaran las viviendas de periodistas vinculados a esas emisiones y de empresarios asociados a la firma propietaria del medio.
De acuerdo con lo expuesto por Stornelli, la denuncia sostiene que existieron maniobras ilícitas para captar y difundir comunicaciones privadas de Karina Milei. Según la presentación del Poder Ejecutivo, se trataría de acciones de espionaje ilegal, seguidas de edición, manipulación y difusión encubierta de esos audios, que luego se amplificaron en redes sociales y a través de medios de comunicación.
El Gobierno considera que el objetivo de esa presunta operación habría sido erosionar la imagen del oficialismo, generar falsas acusaciones, alterar el clima social, incidir sobre los principales indicadores económicos, condicionar el escenario electoral y hasta propiciar una crisis política. Incluso se menciona que podría existir un ánimo destituyente, lo que la Justicia deberá determinar.
La denuncia también apunta contra dirigentes de la oposición kirchnerista, a quienes el Ejecutivo ubica como parte de una supuesta campaña de desinformación. Además, se menciona que algunos periodistas habrían llegado a chantajear a funcionarios con material obtenido de forma ilegal, lo que lleva a pensar que la maniobra no se limitaría a los audios de Karina Milei, sino que abarcaría grabaciones de otros integrantes del Gobierno.
En su escrito, Stornelli destacó que las grabaciones habrían afectado a funcionarios federales y se habrían realizado en ámbitos bajo jurisdicción nacional, lo que confirma la competencia del fuero federal. También advirtió que los audios difundidos tendrían un origen ilegítimo y fueron puestos a circular en forma dolosa y clandestina, reforzando la hipótesis de una operación de inteligencia paralela.
