Sin clases

Suspensión de clases: el misterioso decreto de Larreta minutos antes del anuncio de Alberto Fernández

Presenta un recurso de amparo para frenar la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases
por Pablo Winokur | 15 de abril de 2021 - 02:12
El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Gobierno de la Ciudad

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta presentará un recurso de amparo para frenar la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases presenciales. A las 13 hará un discurso "fuerte" impungando la "decisión inconsulta" de la Casa Rosada.

Quizás enterado de las intenciones del Gobierno nacional, Horacio Rodríguez Larreta firmó un decreto sobre la tarde del miércoles para declarar como áreas de "máxima esencialidad e imprescindibles" durante la vigencia de la pandemia COVID-19 (Coronavirus) a las actividades vinculadas con la educación: es decir, las clases. Ese decreto podría ser la base para presentar un amparo contra la suspensión que de todos modos no llegaría a tener impacto en la práctica en estos 15 días.

Técnicamente se trata de una modificación al decreto 147/20 que establecía cuáles eran las áreas esenciales en medio de la primera cuarentena. Se agrega esta vez los servicios de educación. En la noche del miércoles, en el gabinete de Larreta salieron a bajarle el precio a la disposición y aclararon que se trata de un marco jurídico para los trabajadores de los ministerios que deban seguir con sus actividades. Aunque para eso no hacía falta un decreto de urgencia.

Especialmente si se miran los fundamentos del decreto se puede entrever las intenciones de la Ciudad:

  • "La educación es un derecho humano básico y fundamental y, por ende, universal, inalienable, e inherente a toda persona humana, el cual contribuye inexorablemente al desarrollo de su dignidad y ha sido reconocido en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los distintos tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional conforme establece el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional"
  • "La información más reciente disponible a nivel mundial indica que, con las medidas de seguridad necesarias, las escuelas no son el principal factor de transmisión del COVID-19 (SARS-COV2) en la comunidad".
  • "La Sociedad Argentina de Pediatría formalizó un documento conjunto de posicionamiento para la vuelta a la escuela estableciendo entre sus conclusiones finales que el derecho a la educación es fundamental y que la tarea docente con los educandos y sus familias es esencial, considerando que la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial es imprescindible";
  • "Por tal motivo, suspender las clases presenciales debe ser una medida de último recurso que solo deberá tenerse en cuenta tras haber considerado todas las opciones disponibles (Unesco, Unicef 2020)"
  • "Que, mediante la Resolución N° 33-GCABA-SSCPEE/20 se aprobó la Agenda Educativa para el ciclo lectivo 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el cronograma allí previsto".

Desde lo operativo, también en los fundamentos se expresa que "los establecimientos educativos bajo su dependencia o por él supervisados" sean declarados áreas de máxima esencialidad. Es decir, se incluye a las escuelas.

Hasta la medianoche del miércoles no había definiciones de qué iba Larreta. Aunque este decreto le da un marco normativo para pelearle al Gobierno nacional las últimas restricciones con respecto a las clases. Durante la mañana del jueves trabajó con sus equipos técnicos y políticos, y al mediodía dará una conferencia de prensa para anunciar sus posturas respecto al tema. Lo acompañarán la ministra de Educación, Soledad Acuña; el de Salud, Fernán Quirós; y el de Transporte Juan José Méndez. También estarán el jefe de gabinete Felipe Miguel y el vicejefe de gobierno Diego Santilli.

Distintos constitucionalistas consultados por A24.com ratificaron que difícilmente Larreta pueda hacerle fuerza con un decreto local a un DNU nacional. Sin embargo, políticamente le puede servir para hacer una presentación judicial y exponer al Gobierno de Alberto frente a la opinión pública.

En caso de confirmarse, sería más bien una postura política con pocos efectos prácticos a la hora de intentar retomar las clases presenciales.

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