Vaca muerta: confirman una maniobra de sobrefacturación de importaciones (Foto: archivo).
Una investigación judicial logro comprobar una posible maniobra de lavado de dinero a través de la triangulación de un conglomerado de empresas ocultas que supuestamente estaba destinada a la importación, cuya ruta quedó detectada a partir de información que completó el circuito de la maniobra.
La causa se había iniciado a mediados del año pasado, luego de la denuncia de la AFIP-Aduana contra la firma NRG Argentina SA, que había recurrido a dólares al valor oficial para concretar una serie de importaciones desde los Estados Unidos por bienes de capital por u$s232 millones entre enero de 2019 a junio 2022.
La principal hipótesis de la maniobra era el ingreso de equipamiento para el montaje y la puesta en funcionamiento de “una planta para producir arenas silíceas”, un insumo vital para sostener el proceso de producción en Vaca Muerta que fue incrementando su demanda para el fracking. Sin embargo, parte de ese dinero sacado del país terminó de regreso, siendo liquidado en el mercado a valores de Contado con Liquidación (CCL).
El martes 14 de marzo, personal de Gendarmería y de Control Aduanero concretó una serie de allanamientos ordenados por el juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2 que dirige el juez Pablo Yadarola. Uno de ellos fue en Allaria Ledesma, una de las principales compañías de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) del país. Se secuestró toda la documentación relacionada con la operación que se investigaba, tanto física como digital, incluidos los discos rígidos.
La causa apunta al posible lavado a través de la triangulación del dinero que supuestamente estaba destinada a la importación, cuya ruta quedó detectada a partir del aporte de información que completó todo el circuito de la maniobra.
La primera alerta para las autoridades surgió luego del inicio de una fiscalización por el alto monto involucrado que arrojó “sustanciales diferencias” con los valores declarados por NRG, que había recurrido a beneficios fiscales contenidos en la Ley de Minería para traer a la Argentina bienes de gran porte. El proveedor era Marull Heavy Equipment LLC, una firma afincada en los Estados Unidos.
La operación sospechada era por un giro de u$s43 millones que fueron liberados por el BCRA a valor oficial para concretar la operatoria. El hallazgo fue que Oscar Guercio -uno de los accionistas de NRG Argentina SA- era a su vez el apoderado en la cuenta que administraba Marull en un banco estadounidense. Desde allí partieron poco más de u$s37 millones que regresaron al país transferidos hacia una cuenta de Allaria y que terminaron liquidadas con una cotización de dólar CCL.
Una serie de movimientos que quedó al descubierto motivó el congelamiento inmediato de todos los activos involucrados. Es la primera vez que una maniobra de estas características puede ser confirmada a través de un acuerdo de intercambio (TIR) que completó las piezas faltantes y le permitió a la Justicia conocer no solo el destino de los fondos, sino la coincidencia en quiénes estaban por detrás de las compañías en el exterior y sus movimientos bancarios, aunque las operaciones hubiesen sido anteriores.
Por este motivo, quedaron en la mira NRG y sus empresas relacionadas NRG Transporte, NRG Servicios Petroleros SA, MARDG SAS, Damián Strier, Pablo Marull y el propio Guercio sobre los que se recolectó documentación en los allanamientos.
La sospecha inicial fue que los valores de las importaciones informados en Aduana local eran significativamente mayores que el costo de la mercadería en Estados Unidos y declarado en su aduana en la exportación.
La lupa del organismo que conduce Guillermo Michel y que es querellante en el expediente se posó sobre si existía entonces una vinculación económica entre la importadora y la compañía ubicada en el estado de Florida. Hallaron que Guercio (importador) y Marull (vendedor) eran socios en una tercera sociedad por acciones simplificadas llamada MARDG.
A su vez, la empresa norteamericana Marull tenía un solo cliente: la argentina NRG. La denuncia apuntó a la infracción del artículo 865 del Código Aduanero que impone penas de prisión de 2 a 10 años por el egreso indebido de divisas y postuló que por el monto de la operación bajo sospecha la multa sería de u$s70 millones.
El juzgado de Yadarola terminó por confirmar la información recibida y ratificó las sospechas de la Aduana. Por primera vez, el rulo importador quedaba totalmente expuesto y un negocio financiero que involucraba a empresas relacionadas tuvo su repercusión en los operativos llevados a cabo el martes pasado en la City porteña.
