Este lunes es la audiencia para escuchar a las partes. ¿Por qué la fiscalía pide que abandone San José 1111?
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal escuchará este lunes los argumentos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y del Ministerio Público Fiscal (MPF) en relación a sus pedidos a favor y en contra de sostener la detención domiciliaria en cumplimiento de la condena en la causa Vialidad.
La audiencia oral y pública será presidida por el juez Mariano Borinsky, acompañado por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Casación ratificó que la audiencia se realizará el 7 de julio al mediodía a pesar de que el fiscal Mario Villar había pedido posponerla hasta que cumpliese el plazo mínimo de 5 días que otorga el Código Procesal, calculado desde el momento que sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola presentaron su apelación.
Aunque el juez Hornos apoyó el pedido, se impuso por mayoría la opinión de sus pares Borinsky y Barroetaveña, quienes consideraron que el incidente fue elevado el 25 de junio de 2025. A todo esto, la defensa de la ex presidenta tampoco estuvo de acuerdo con reprogramar la audiencia.
En definitiva, Casación consideró que la fiscalía no tenía fundamentos suficientes para demostrar un agravio concreto que le pueda haber generado la fecha porque entendieron que el incidente fue elevado para su tratamiento el 25 de junio pasado.
Por el momento ninguna de las partes solicitó que la audiencia se difundiera a través de redes sociales como ha sucedido en otras ocasiones.
Los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal deberán resolver si confirman la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner o si atienden el reclamo del MPF para que sea trasladada a la cárcel.
En tanto la detención en su casa continúe vigente existen una serie de planteos acerca de las condiciones de cumplimiento de la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner pidió la revisión de las pautas de conducta que impuso el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para que cumpla su pena en Vialidad, bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Su abogado, Carlos Beraldi, se pronunciará ante los jueces para pedir que flexibilicen las visitas, teniendo en cuenta que hasta ahora solo pueden verla sus familiares cercanos, sus médicos, sus representantes legales y sus custodios.
Además, reclamará que le quiten la tobillera electrónica, porque les parece innecesario. Para la defensa no existen riesgos procesales que exijan el cumplimiento de esa obligación, cuando cuenta con una custodia permanente de las fuerzas de seguridad.
Por su lado, los fiscales solicitaron que se revoque el arresto domiciliario y continúe cumpliendo la pena que se le impuso en una cárcel común, con la convicción de que están dadas las condiciones para que sea alojada en alguna de las sedes del Servicio Penitenciario Federal.
En su recurso de apelación, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola consideraron arbitraria la resolución del TOF 2 que otorgó la detención domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner.
No estuvieron de acuerdo en que “la privación de libertad en el establecimiento carcelario supusiera, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de Fernández, más allá de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena”.
Recordaron que el Ministerio de Seguridad de la Nación proporcionó “una serie de locaciones idóneas para que Fernández pudiera cumplir intramuros la pena que se le impuso”.
Además, cuestionaron que el tribunal afirmara que esos lugares no eran adecuados pues implicaría someterla a un aislamiento, porque entendieron que el “alojamiento individual” de ninguna manera puede implicar un “aislamiento” por sí mismo.
Para reforzar su punto de vista dejaron expresada una pregunta “¿Dónde habrán de alojarla en el caso de que incumpla las reglas de conducta que le impusieron en el marco de su prisión domiciliaria? En definitiva, esta evidente incoherencia es la que pretendemos que se revierta y se subsane mediante el presente remedio procesal.”
El lunes en la audiencia de Casación será el fiscal Mario Villar quien desarrolle la petición, la que sin duda transitará en el mismo sentido, más allá de que le aplique su impronta personal.
Entre las razones por las que el MPF impugnó el arresto domiciliario de Cristina Kirchner incluyeron el departamento de San José 1111, porque entendieron que en ese lugar se pone en riesgo su seguridad.
Los fiscales señalaron que se pudo comprobar una serie de situaciones que sucedieron ante “la vista de todos y que fueron publicadas en distintos medios de comunicación”.
Adjuntaron publicaciones donde consta que manifestantes escalaron e invadieron el balcón del departamento de la ex presidenta, y otras que relevaron varias manifestaciones.
Según hicieron saber “tales eventos no solo atentan contra la tranquilidad de las personas que viven en el barrio de Constitución, sino que también operan en claro desmedro de la propia seguridad personal de la condenada, teniendo en cuenta el grave ataque personal que sufrió en circunstancias similares a las que ella misma sigue exponiéndose”.
