El conflicto central giró en torno a una retroexcavadora enviada por orden de la fiscalía, la cual operó durante unos 30 minutos en el patio central donde se produjo la caída del techo el pasado martes.
Los vecinos denunciaron que esta acción se realizó sin una comunicación oficial previa y bajo una total falta de transparencia, ya que no sabían si la máquina pertenecía a la constructora original, Cosud, o a un tercero.
Ante la desconfianza generalizada, los propietarios indicaron que decidieron contratar a sus propios peritos de parte, con costos que estiman entre 8 y 10 millones de pesos. En la misma línea, también informaron que buscaron la asesoría legal del equipo de abogados de Fernando Burlando para garantizar una supervisión imparcial que no dependa de la empresa ni del Gobierno de la Ciudad.