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Hay más de 320 conflictos con comunidades aborígenes en el país y el Estado está lejos de resolverlos

Hay más de 320 conflictos con comunidades aborígenes en el país y el Estado está lejos de resolverlos
Más de 200 de los reclamos están vinculados con cuestiones territoriales (Foto: Télam).

De vez en cuando, la realidad de las comunidades aborígenes salta a los noticieros del país y se instala en la agenda pública. Suele ocurrir con casos asociados a los reclamos territoriales como el de Villa Mascardi y despiertan debates sobre la propiedad privada y los derechos de estas comunidades. Después de algunas semanas, el tema se diluye pero la conflictividad permanece.

Según un relevamiento que realiza Amnistía Internacional desde 2015, actualmente hay, al menos, 320 conflictos que involucran a comunidades aborígenes de todo el país. La mayoría, más de 200, están relacionados con cuestiones territoriales, aunque también se incluyen dentro del registro problemas y denuncias por la contaminación del ambiente, por desalojos violentos e incluso desatención ante casos de COVID-19.

La conflictividad territorial con las comunidades (que son alrededor de 1600) surge de la expansión de la frontera agrícola, de la consolidación de actividades extractivas como la minería o la del petróleo e incluso de la venta de terrenos provinciales a privados. Pero, sobre todo, de que no hay una resolución ante sus reclamos a pesar de que la Constitución reconoce en el artículo 75 su "preexistencia étnica y cultural" y su derecho a la tierra.

Mapa de conflictos con las comunidades indígenas. Fuente: Amnistía Internacional
Mapa de conflictos con las comunidades indígenas. Fuente: Amnistía Internacional

En 2006 se sancionó la ley 26.160 que decretaba una situación de emergencia e impedía que, por los próximos cuatro años, se pudieran desalojar a los aborígenes que estuvieran asentados en un territorio y tuvieran personería jurídica dentro del Registro de Comunidades Indígenas.

Al mismo tiempo, destinaba presupuesto para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hiciera un relevamiento exhaustivo de las comunidades y de las tierras que ocupan para luego poder adjudicarles títulos de propiedad comunitaria ¿Cómo? Ya sea mediando con los dueños si se trata de un espacio privado o resolviendo a través de una intervención estatal. Pero antes de litigar es necesario que tengan una "carpeta" producto de ese relevamiento. Y, además, un acompañamiento estatal para que el reclamo llegue a buen puerto.

Esta ley fue sucesivamente prorrogada -volverá a vencerse en noviembre del año que viene- pero, de acuerdo a los últimos datos disponibles, apenas se llegó a relevar al 57% de los territorios. Según pudo saber A24.com, hay más de 100 nuevas carpetas listas para elevarse, aunque la pandemia puso un freno al relevamiento.

"Los ejes más preocupantes de conflicto son los relacionados con la tierra y el terreno", explicó a A24.com Paola García Rey, abogada de Amnistía Internacional. Y agregó: "Pero también hay una gran falta de acceso a derechos sociales que la pandemia puso de manifiesto. Por ejemplo recursos como el IFE nunca llegaron a las comunidades, o llegaron muy tardíamente, por falta de información o por falta de bancarización".

Para García Rey, el eslabón clave que puede garantizar los derechos es el Estado. Sin esa presencia o la asistencia de organizaciones sociales es virtualmente imposible que las comunidades puedan lograr vivir en su tierra sin peligro de conflicto.

Algunos conflictos graves

  • Comunidad Mayu Los Alisos. En junio de 2019 en la ciudad de Palpalá, en Jujuy, el dueño de la inmobiliaria Sucre envió a una topadora que destruyó una hectárea y media de territorio en donde estaba asentada la comunidad y que reclamaba como propia. Rompió el alambrado, el espacio de siembra y una casilla que tenían en el lugar. Se presentó un recurso y se frenó, por el momento, el desalojo de la comunidad.
  • Comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá. El año pasado rechazaron el amparo de los habitantes de Andalgalá, en Catamarca. Reclaman que la explotación en el territorio del emprendimiento minero Agua Rica afecta sus derechos por el daño ambiental que produce la actividad. No fueron reconocidos en el reclamo por no tener personería jurídica.
  • Comunidad mapuche en Lago Puelo. El municipio que se encuentra en Chubut declaró el espacio Motoco Cárdenas como "libre de ocupantes" a pesar del asentamiento de un grupo de mapuches en el lugar
  • Comunidad Sawa en San Juan. En los departamentos de Sarmiento y 25 los dueños de unas tierras en donde estaba asentada la comunidad buscó rematarlas. La Justicia pudo frenar, por el momento, esa venta.
  • Comunidad Tupi Guaraní Cuarajhy Vera. Están asentados en Moreno pero reclaman tierras para poder vivir en la naturaleza y no en una urbanización, como ahora.
por Agustina López
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