Las objeciones de la Corte a la decisión de Casación
Los integrantes del máximo tribunal también advirtieron que la Cámara de Casación, integrada en este caso por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, no había examinado los planteos de la fiscalía. El Ministerio Público sostenía que la investigación debía continuar en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, la Corte consideró que el expediente no podía analizarse únicamente a partir de la ubicación del inmueble investigado. En su resolución, explicó que el objeto de la causa comprende una posible estructura financiera y patrimonial que habría involucrado distintas sociedades y operaciones.
“No se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales”, sostuvo el tribunal.
Además, los jueces remarcaron que el alcance de la investigación se modificó con el avance del expediente. Para fundamentar esa postura, mencionaron las nuevas denuncias, los sucesivos requerimientos de instrucción fiscal y la incorporación de diferentes elementos probatorios.
Los indicios que apuntan a la AFA
Uno de los aspectos centrales de la causa es determinar qué relación existe entre la propiedad de Pilar y la estructura dirigencial de la AFA. En ese sentido, los investigadores reunieron documentación sobre presuntos pagos realizados por la entidad a Real Central SRL, la sociedad que habría intervenido en la adquisición del inmueble.
Uno de los aspectos centrales de la causa es determinar qué relación existe entre la propiedad de Pilar y la estructura dirigencial de la AFA. (Foto: archivo)
Entre los elementos incorporados también figuran cédulas azules de vehículos de alta gama que se encontraban en la quinta y registros de una tarjeta corporativa de la AFA que habría sido utilizada para abonar los peajes de esos automóviles.
A esos indicios se suman cuadros con referencias a Pablo Toviggino encontrados dentro de la propiedad. Los investigadores buscan establecer si Luciana Pantano y Ana Conte son las verdaderas propietarias de la mansión o si habrían actuado como presuntas testaferros de otros dirigentes de la asociación.
La investigación se inició a partir de las sospechas sobre la capacidad económica de ambas mujeres para afrontar la compra del inmueble a través de Real Central SRL. La Justicia intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados y establecer quiénes estarían detrás de la operación.
Los expedientes vinculados al manejo de fondos
El expediente también incorporó documentación de otras investigaciones relacionadas con el manejo de recursos de la AFA. Entre ellas se encuentran las actuaciones sobre presuntas operaciones con fondos en el exterior mediante la empresa de Javier Faroni y la causa conocida como Sur Finanzas.
La conexión entre esos expedientes forma parte del contexto que deberá analizar Rafecas para determinar si existió un circuito de operaciones destinado a ocultar el origen o la titularidad de determinados bienes y recursos.
Con la decisión de la Corte Suprema, el juez federal tendrá a su cargo profundizar las medidas de investigación, reconstruir las operaciones societarias y financieras y establecer quiénes son los verdaderos responsables de la adquisición de la mansión de Pilar. El objetivo central será determinar si detrás de la operación existió una maniobra de lavado de activos y cuál fue el eventual vínculo con dirigentes de la AFA.