FALLO

Declararon inconstitucionales dos artículos del DNU de Milei que modificaban los controles sobre las prepagas

Por unanimidad, la Corte Suprema dejó sin efecto dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado las facultades del Estado para revisar los valores de las cuotas y fiscalizar los aumentos de las empresas de medicina prepaga.

La Corte Suprema resolvió que la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para controlar los aumentos de las cuotas de las prepagas. (Foto: archivo).

La Corte Suprema resolvió que la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para controlar los aumentos de las cuotas de las prepagas. (Foto: archivo).

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei, que habían eliminado los controles estatales sobre los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y dejaron sin efecto las modificaciones que el decreto había introducido en la ley 26.682 de medicina prepaga.

La Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a revisar los valores de las cuotas y fiscalizar que los aumentos de las prepagas sean razonables y estén justificados por sus costos. (Foto: archivo).

La Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a revisar los valores de las cuotas y fiscalizar que los aumentos de las prepagas sean razonables y estén justificados por sus costos. (Foto: archivo).

El fallo implica que la Superintendencia de Servicios de Salud deberá reasumir sus competencias para revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones. También tendrá que fiscalizar y garantizar que los aumentos sean razonables y estén respaldados por variaciones en la estructura de costos y un cálculo actuarial de riesgos.

En ese sentido, la Corte estableció que los incrementos deberán estar fundados en “variaciones en la estructura de costos” y en un “razonable cálculo actuarial de riesgos”.

La resolución no establece un porcentaje máximo de aumento ni dispone que las cuotas deban ajustarse exclusivamente por inflación. En ese punto, el máximo tribunal revocó una parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había ordenado limitar los incrementos al porcentaje que arrojara el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los argumentos de la Corte contra el DNU de Milei

En su resolución, el máximo tribunal cuestionó que el Poder Ejecutivo no hubiera justificado las circunstancias excepcionales que habilitaban la modificación de la legislación mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Los jueces recordaron que la utilización de los DNU constituye una facultad excepcional y que la Constitución establece condiciones estrictas para que el Presidente pueda ejercer atribuciones legislativas.

En el fallo, remarcaron que la jurisprudencia de la Corte es clara respecto de la “rigurosa excepcionalidad” que debe existir para recurrir a este tipo de instrumentos.

Los magistrados también cuestionaron los argumentos que había presentado el Gobierno para justificar la desregulación de las cuotas. En los considerandos del decreto, el Ejecutivo había mencionado una “crisis del sistema de salud” y la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema”, para lo cual consideraba que “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”.

Sin embargo, para la Corte esas explicaciones no alcanzaban para justificar la eliminación de los controles estatales. “Esas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley”, sostuvieron los jueces.

En esa línea, afirmaron que "los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”.

Y agregaron: “No surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’”.

Otro de los argumentos centrales del fallo fue que las facultades que el Gobierno eliminó correspondían a organismos del propio Poder Ejecutivo. Por eso, los jueces entendieron que el oficialismo tenía alternativas para modificar los criterios de intervención sin necesidad de recurrir a un decreto de urgencia.

“La posibilidad de otorgarle una impronta acorde a las consideraciones políticas que estimare relevantes para el mercado en cuestión” ya existía dentro de las atribuciones de la autoridad de aplicación, señalaron.

En consecuencia, consideraron que esa circunstancia “hace exigible un esfuerzo de justificación aún mayor” para demostrar por qué resultaba imprescindible modificar la ley mediante un DNU.

La Corte también advirtió sobre los límites de las decisiones presidenciales basadas únicamente en criterios de conveniencia política o económica. “Cabe descartar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son”, expresaron.

Y concluyeron: “El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

Qué decían los artículos del DNU que fueron declarados inconstitucionales

Los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 habían modificado dos disposiciones de la ley 26.682.

El primero derogó la facultad de la autoridad de aplicación de “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones” que propusieran las empresas de medicina prepaga. Esa tarea estaba a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El segundo modificó el artículo 17 de la normativa, que establecía que el organismo debía fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”. También tenía la atribución de autorizar los aumentos cuando estuvieran “fundados en variaciones en la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”.

Con la modificación dispuesta por el Gobierno, las empresas quedaron habilitadas para establecer libremente los precios de sus planes prestacionales, con la previsión de que podían fijar valores diferenciales según franjas etarias, con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja.

A partir del fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar las atribuciones de revisión y fiscalización que tenía antes del decreto. Los aumentos deberán volver a responder a criterios de razonabilidad y contar con fundamentos vinculados con la estructura de costos y los riesgos del sistema.

El caso que llegó a la Corte Suprema

La causa se originó a partir de una presentación judicial de una mujer afiliada a Swiss Medical, quien cuestionó los aumentos aplicados a su plan de salud entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

La demandante sostuvo que la cuota había aumentado un 110% durante ese período y reclamó que se dejaran sin efecto los incrementos posteriores a la entrada en vigencia del DNU 70/2023. Según planteó, si se hubiera aplicado una resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.

El expediente llegó a la Corte a partir de los recursos presentados por Swiss Medical y el Estado Nacional. El máximo tribunal confirmó la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados, aunque revocó la obligación de atar los aumentos al IPC que había establecido la Cámara Federal de La Plata.

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