La Justicia mendocina sentó una jurisprudencia importante sobre la sexualización de las empleadas de las estaciones de servicio.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a los dueños de una estación de servicio por obligar a una empleada a usar calzas de un talle menor al que le correspondía. Los jueces resolvieron que hubo discriminación contra la mujer con respecto a sus compañeros varones y también una clara promoción del estereotipo patriarcal de visualizar su cuerpo como instrumento de deseo.
El conflicto tuvo lugar en 2012 y originó un ida y vuelta de cartas documentos entre la trabajadora y la empresa ubicada en la localidad de Guaymallén. Recién ahora, casi nueve años después, finalmente hay una sentencia firme y deberán indemnizarla con $150 mil más intereses, en concepto de “daño moral”.
La demanda se inició por despido discriminatorio, ya que la mujer alegó que la obligaban a trabajar utilizando como “uniforme” unas calzas que no eran de su medida. "Todo el tiempo me piropeaban, se referían a mi contextura física, o me ofendían con frases inapropiadas", aseguró la mujer en su declaración.
Ella pidió en reiteradas oportunidades que le cambiaran la indumentaria por una de su talle y que se le cambiaran por un pantalón de corte de mujer, similar al que tenían sus colegas varones que trabajaban con prendas cómodas tipo cargo.
La trabajadora afirmó que cuando cambiaron el uniforme de sus compañeros, pidió prestado un pantalón a un colega y comenzó a utilizarlo como uniforme. Por ello la sancionaron con tres días de suspensión y luego la despidieron.
Esto fue determinante para tomar la decisión de llevar su caso a la Justicia y su sentencia generó una jurisprudencia muy importante en tema de aplicación de la ley de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres.
Los jueces fundamentaron la sentencia basándose en la Convención contra toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará) y la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Fuente: Crónica
