Docentes y nodocentes realizarán un paro y una jornada de visibilización para reclamar recomposición salarial, apertura de paritarias y mejoras en los hospitales universitarios, en medio del debate por la Ley de Financiamiento Universitario.
Más de 50 universidades nacionales, entre ellas la UBA, paran y postergan el inicio de clases.
Los docentes y nodocentes de más de 50 universidades nacionales de todo el país, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), anunciaron dos jornadas consecutivas de medidas de fuerza y actividades de protesta para reclamar recomposición salarial, apertura de paritarias y mejoras en los hospitales universitarios.
La jornada de lucha es incentivada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que incluye a los gremios docentes de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), los de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y los de la Conadu Histórica, así como a los no docentes nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).
Bajo la consigna “Por recomposición salarial, por apertura de paritarias y por nuestros hospitales universitarios”, las organizaciones gremiales ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA Universitarixs confirmaron que el plan de acción se desarrollará el 11 y 12 de agosto.
El lunes 11 de agosto se llevará adelante un paro de 24 horas, que implicará el no inicio de clases del segundo cuatrimestre en todas las facultades, institutos y hospitales de la UBA.
El martes 12 se realizará una jornada de visibilización que incluirá clases públicas, radios abiertas y charlas informativas en distintos puntos de la universidad, con el objetivo de informar a la comunidad sobre la situación crítica que atraviesa el sistema universitario.
El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, sostuvo que el conflicto se profundiza por la falta de respuesta del Gobierno nacional: “El Gobierno no escucha y continúa asfixiando a las trabajadoras y trabajadores del sistema universitario, cuyos salarios están hoy mayoritariamente bajo la línea de pobreza. Seguimos sin entender cuál es el proyecto de país que ellos imaginan sin educación, sin ciencia y sin salud".
Cagnacci destacó la importancia del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que busca garantizar recursos para el funcionamiento del sistema público.
“Muchos de nuestros problemas podrían comenzar a solucionarse si el proyecto de ley se convierte finalmente en norma. Por eso hacemos un llamado a los senadores a que recapaciten sobre la vital importancia de esta medida, que intenta sacar del ahogamiento al que está siendo sometido el sistema público universitario. Luego veremos cuáles serán los pasos a seguir si el Gobierno cumple la amenaza de vetarla, pero primero es importante que esta ley se sancione”, afirmó el dirigente gremial.
El reclamo de los gremios incluye la situación de los hospitales universitarios, que reclaman por problemas de financiamiento, falta de insumos y dificultades para mantener la planta de profesionales.
El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario busca garantizar que las universidades nacionales cuenten con un presupuesto estable y suficiente para cubrir salarios, mantenimiento de edificios, compra de insumos, desarrollo de investigación y programas de extensión universitaria. También incluye el financiamiento de los hospitales universitarios, que cumplen un rol fundamental en la atención sanitaria y en la formación de profesionales de la salud.
La norma, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera su tratamiento en el Senado, establece un mecanismo de asignación de fondos que busca proteger a las casas de estudio del desfinanciamiento y de la pérdida de poder adquisitivo por inflación.
De aprobarse, podría significar una mejora sustancial en las condiciones laborales de docentes y nodocentes, así como en la calidad de la enseñanza y la investigación.
Sin embargo, el Gobierno nacional advirtió que podría vetarla alegando limitaciones presupuestarias, lo que mantiene la tensión y el reclamo activo por parte de la comunidad universitaria.
