Monath sin embargo no desconoce la culpabilidad de estos adolescentes, pero la pone en contexto, algo que la sociedad muchas veces evita. "El Estado tiene la responsabilidad de proteger a los chicos y también por supuesto de dar una respuesta por las leyes que intransigieron".
Un dato de contexto: de todos los crímenes cometidos en la provincia de Buenos Aires, sólo el 3,5% fue a manos de menores.
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©UNICEFArgentina/Pepe Mateos
Para dimensionar estas vulnerabilidades previas al ingreso al sistema penal sólo basta con echar una mirada a los datos del informe:
- El 38,8% de los consultados alguna vez sintió maltrato por un agente de las fuerzas de seguridad
- El 49,2% no iba a la escuela y el 77,6% la abandonó en algún momento de su vida
- El 77% trabajó al menos alguna vez en su vida y el promedio de edad del primer trabajo es a los 13 años
- El 28,3% vivió alguna vez en la calle y el 14,2%, en un hogar de menores
Un dato significativo a la hora de evaluar la eficacia del sistema de detención de menores es que el 48,3% de los detenidos es "reiterante". Es decir, que vuelve a ingresar el sistema después de haber pasado por allí.
Otra condición preocupante es el gran nivel de desconocimiento de los adolescentes sobre su situación adentro del centro:
- El 71,3% desconoce cuánto tiempo estará allí
- El 15,3% nunca tuvo contacto con su abogado defensor y el 28,4% tuvo sólo una vez
- El 54,4% no habló nunca con el juez que lleva su causa
- El 30,7% recibió algún tipo de maltrato desde que ingresó y, en Buenos Aires por ejemplo, sólo el 15,6% de los maltratados pudo denunciarlo
¿Por qué el sistema no funciona? Primeramente porque no garantiza la reinserción. Luego porque los talleres y la formación educativa es insuficiente. Además, las condiciones de vida y de acceso a la salud en los centros es deficitaria y frecuentemente se viven situaciones de violencia.
¿Qué hacer? En su informe, Unicef deja algunas recomendaciones para empezar a resolver un problema de décadas: mejorar el cumplimiento de derechos de todos los niños y adolescentes; promover un sistema de justicia especializado en jóvenes; buscar medidas alternativas a la privación de la libertad; mejorar los programas que trabajan sobre el post prisión; monitorear los centros y permitir mecanismos de denuncia.