En el inicio del debate la diputada oficialista Daniela Vilar destacó que "las grandes potencias son las que generan el mayor pasivo en materia ambiental, y las menos desarrolladas están en mayor grado de vulnerabilidad".
"Debemos construir un nuevo paradigma, porque estamos viviendo una situación compleja en nuestro país, por lo que es necesaria una nueva legislación que contemple factores como la especulación inmobiliaria".
Desde Juntos por el Cambio, la radical Brenda Austin, expresó: "Estamos frente a una ley regresiva en el terreno ambiental. Tienen -el Frente de Todos- discurso para todos los públicos, pero mientras se incendiaban casi un millón de hectáreas recortaron el presupuesto de manejo del fuego; y de 30 aviones operando pasamos a seis".
Esa misma opinión tuvo el diputado y presidente del PRO Cristian Ritondo, quien esta mañana dialogó con Antonio Laje, por A24, al respecto. "Creo que viola propiedad privada teniendo en cuenta el tiempo que la tierra quedará inmóvil, aunque el fuego puede ser accidental. Además, sólo dejan hacer un monocultivo", dijo.
El proyecto reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego y establece que "no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio".
Rechazo del campo
La norma que logra media sanción, es rechazada por las entidades del sector agropecuario. Recientemente, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) la consideró "carente de razonabilidad y con un doble castigo a quien ha sufrido un incendio”. En ese sentido, opinó que “reformar una ley debe ser siempre la búsqueda de una norma superadora y no un acto de irracionalidad política fundado en prejuicios inaceptables”.
“El proyecto en cuestión, no distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio. Es decir que se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble”, agregó.
Además, alertó sobre “la manifiesta intencionalidad de la norma, que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico de que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”.