Por Alejandro Rhotamel (*)
En pleno auge de las criptomonedas en Argentina, el Congreso Nacional aprobó la reforma que busca un mercado cripto local más transparente y regulado, sin sacrificar la innovación y dinamismo que caracteriza a la industria fintech. Qué impacto logrará la regulación en el ecosistema argentino.
Regulación de criptomonedas: “Se dio un paso importante en el posicionamiento de la Argentina como líder de la industria cripto a nivel mundial”, destacaron desde el mercado local. (Foto archivo)
Por Alejandro Rhotamel (*)
En Argentina, el creciente interés de las personas por las criptomonedas ha marcado un antes y un después en el panorama financiero, impulsando un debate crucial sobre la necesidad de establecer un marco regulatorio adecuado para las empresas del sector.
Ahora, esta discusión parece más acotada después de que el Congreso Nacional aprobara, en el mes de marzo, la reforma de la Ley 25.246 de "Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo”. Esta medida incluye a los exchanges de criptomonedas como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y, según el ecosistema local, no hace más que transparentar procedimientos que las compañías ya realizaban para beneficio de sus usuarios.
No obstante, la regulación de criptomonedas en Argentina se presenta todavía como un desafío y una oportunidad para alinear el dinamismo de este sector con los estándares internacionales de seguridad y prevención de delitos financieros.
La creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales es una medida beneficiosa para el sector porque asegurará que la industria local opere bajo estándares internacionales, proporcionándoles una mayor seguridad a los usuarios sin que eso comprometa las ventajas comparativas que tiene en la región en materia de equipos, talento, casos de uso, comunidades y desarrollo de tecnología.
No obstante, la regulación no debe convertirse en un obstáculo para el crecimiento del sector. Una regulación excesiva o irrazonable podría empujar a los usuarios hacia la informalidad, lo que perjudicaría significativamente a un ecosistema de millones de usuarios y más de 300 empresas locales, que generan miles de puestos de trabajo en el sector fintech.
Por lo tanto, acompañamos la idea de diseñar una regulación inteligente, que pueda fomentar el desarrollo de la industria y proteger los intereses de los usuarios.
Asimismo, concordamos con las estimaciones de la Cámara Argentina Fintech de que un plazo de 18 meses es prudente para que las empresas se adecúen a la nueva normativa.
Por último, también compartimos la idea sobre que las exenciones fiscales para clientes que operan con activos virtuales podrían promover la innovación financiera sin penalizar a los participantes del mercado ni obstaculizar la competitividad del sector fintech y cripto argentino, a nivel global.
(*) El autor es Chief Legal Officer en Ripio.
