La medida fue oficializada por el decreto 781/2025 y reduce la carga impositiva de catorce categorías de juguetes. El Gobierno espera que la decisión permita abaratar los precios al consumidor argentino.
La medida fue oficializada por el decreto 781/2025 y reduce la carga impositiva de catorce categorías de juguetes. (Foto: archivo)
El Gobierno nacional anunció la modificación del esquema tributario que regía para los juguetes importados desde hace más de una década. Hasta ahora, los productos infantiles que ingresaban al país debían tributar un arancel del 35%, uno de los más altos del Mercosur.
Con la entrada en vigencia del Decreto 781/2025, esa cifra se reducirá a 20%, en línea con el promedio regional. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 31 de octubre de 2025, busca “incrementar la competencia en el sector y alentar una baja sustentable de los precios locales”, según detalla el texto firmado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
El objetivo central, remarcan desde la cartera económica, es romper con la estructura de sobreprecios que caracteriza al rubro en Argentina, sobre todo en fechas clave como el Día del Niño y la Navidad, donde la demanda se multiplica.
La medida fue oficializada por el decreto 781/2025 y reduce la carga impositiva de catorce categorías de juguetes. (Foto: archivo)
La baja de aranceles aplica a catorce categorías de juguetes, entre ellas:
Triciclos y patinetas.
Juguetes con ruedas.
Muñecos y muñecas.
Coches para muñecos.
Bloques de construcción.
Rompecabezas y trenes de juguete.
Instrumentos y aparatos musicales infantiles.
Todos estos artículos se encontraban hasta ahora dentro de las posiciones del Nomenclador Común del Mercosur con una alícuota del 35%. Desde noviembre, ese porcentaje se reduce al 20%, con lo cual Argentina deja de ser el país con los juguetes más caros de la región.
En el informe oficial difundido por la Secretaría de Comercio, se exponen diferencias que muestran la magnitud del problema. Por ejemplo:
Un muñeco transformable de una franquicia internacional cuesta $60.000 en la Argentina. En Colombia vale $40.000, en Brasil y Chile $20.000, y en México $15.000.
Un par de patines infantiles, de fabricación local, cuesta $87.000 en Argentina, mientras que el mismo producto se consigue por $50.000 en Brasil, Chile o Colombia, una brecha del 42,5%.
Los bloques de construcción, un clásico del segmento educativo, se venden en el país por unos $50.000, pero en el exterior oscilan entre $25.000 y $35.000.
“En una comparativa regional, Argentina es el país con los juguetes más caros del continente”, resume el documento.
El Gobierno confía en que esta modificación impactará directamente en los precios minoristas, sobre todo de cara a las ventas de fin de año. El mercado argentino arrastra dos años de caída consecutiva en las ventas del sector juguetero, y la expectativa oficial es que la medida revitalice el consumo y favorezca la competencia.
Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), existen unos 180 establecimientos productivos en todo el país, que generan 8.000 empleos directos e indirectos. La cámara, sin embargo, ha manifestado preocupación por el ingreso de juguetes importados de baja calidad, fenómeno que podría agravarse con la apertura arancelaria.
En agosto, en la previa del Día del Niño, la CAIJ alertó sobre una “invasión de juguetes de baja calidad” provenientes de Asia. Según la entidad, el 43% de los productos importados en el primer semestre del año se ubicaban en un rango de precios inferior a 3 dólares por kilo, un valor apenas superior al costo de la materia prima.
Esa tendencia, según la cámara, genera competencia desleal para la industria nacional y pone en riesgo la seguridad infantil. Sin embargo, desde la Secretaría de Comercio aclararon que todos los productos importados deberán cumplir con la normativa de seguridad vigente, establecida por la resolución 163/2005, que regula las pruebas de calidad y los controles técnicos.
El texto del Decreto 781/2025 sostiene que la estructura impositiva anterior era “arbitraria y recaudatoria”, lo que derivó en un mercado concentrado, con precios artificialmente altos y una oferta reducida.
“Las medidas anteriores limitaron la capacidad de acceso de los consumidores, especialmente en épocas de alta demanda estacional”, indica el decreto. “Resulta conveniente adoptar medidas que logren una mejora en las condiciones de competencia, contribuyendo a la reducción de precios para el consumidor final”.
En paralelo, la resolución actualiza la Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur, incorporando nuevos productos -como baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos- con arancel cero, para favorecer proyectos energéticos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión con un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter): “Hay que recordar una y otra vez que es la motosierra lo que permite bajar impuestos. Un Estado más chico es devolverle su dinero a la gente. Los juguetes, a su vez, son una pieza clave del desarrollo cognitivo de nuestros niños. ¡Feliz Navidad!”, escribió.
La publicación se viralizó rápidamente y fue interpretada como parte del discurso oficial que vincula la reducción del gasto público con la baja de impuestos. En el caso de los juguetes, el argumento se traduce en una política concreta que apunta a bajar precios sin afectar la recaudación global.
Los economistas coinciden en que el efecto inmediato dependerá de la reacción del mercado minorista. Si bien los importadores verán una baja en sus costos, los precios al público podrían tardar algunas semanas en reflejar esa caída, sobre todo en cadenas grandes con stock acumulado.
De todas formas, el contexto inflacionario y la caída del consumo podrían acelerar el traslado del beneficio al precio final. En el Gobierno estiman que la medida podría traducirse en una reducción promedio del 10% al 15% en los juguetes importados antes de Navidad.
La industria local, en cambio, reclama que la baja de impuestos debería ir acompañada de líneas de crédito y programas de incentivo a la producción nacional, para evitar que los fabricantes argentinos queden en desventaja.
