En 2018, en el marco de la cumbre del G-20 en Buenos Aires, se acordó ampliar en 60.000 millones de yuanes el “swap” entre los bancos centrales de los dos países hasta 130.000 millones. Requería la existencia de un programa con el FMI vigente, condición que hace una semana, en la renovación firmada por Miguel Pesce, se eliminó.
El destino, monto y conversión a dólares se negocia entre las partes. En esta ocasión, podrían desembolsarse el equivalente a u$s 5.000 millones. Las reservas internacionales del BCRA se están diluyendo ante la escasez de liquidaciones de exportaciones y una presión compradora incesante. Ayer, precisamente, circularon versiones de cambios en la operatoria y de mayores restricciones a las operaciones en la Bolsa de Comercio.
Las compras de u$s 200 mensuales por persona hizo que en junio se llegara al récord de 3,2 millones de individuos accediendo a la moneda norteamericana al tipo de cambio oficial. Eso le costó u$s 660 millones al BCRA de reservas. La situación se hace insostenible.
Por ello la decisión de aplicar el “swap”. Un gesto para la aprobación de este mecanismo, sin dudas, fue la promulgación la semana pasada, de la ley aprobada en 2015, autorizando la instalación de una base espacial de Beijing en Neuquén. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea presentaron reclamos al gobierno argentino en su momento, aduciendo que esa base, más allá de su utilización para exploración de uso pacífico al espacio, se usa para posibles intercepciones de satélites.