La normativa vigente establecía un límite de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio, restricciones que dejarán de existir con la nueva propuesta.
El objetivo del Gobierno es ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherirse al régimen y facilitar la incorporación de ahorros que hoy permanecen fuera del sistema financiero.
No obstante, el proyecto mantendrá el requisito de haber conservado la residencia fiscal en la Argentina durante todo el período correspondiente.
Además, los grandes contribuyentes nacionales podrán adherir al régimen, aunque no accederán a beneficios específicos como la presunción de exactitud de sus declaraciones.
La iniciativa también modificará los criterios con los que ARCA podrá revisar declaraciones de ejercicios anteriores. Actualmente, el organismo puede reabrir un período fiscal cuando detecta una diferencia superior al 15% del impuesto declarado o mayor a $100 millones.
La nueva propuesta reducirá ese parámetro y lo vinculará con el umbral previsto en el Régimen Penal Tributario. Según anticipó el Gobierno, no se considerará significativa una diferencia cuando no supere el equivalente al 5% del monto establecido por ese régimen, aunque la redacción definitiva precisará el mecanismo de cálculo.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que las modificaciones responden a planteos realizados por profesionales de ciencias económicas durante las reuniones mantenidas con el Gobierno.
Según datos oficiales, el régimen había registrado inicialmente unas 80.000 adhesiones, cifra que luego ascendió a 330.000 tras anunciarse los cambios. De ese total, alrededor de 170.000 contribuyentes ya presentaron la declaración jurada correspondiente.
Caputo aseguró que el nuevo proyecto refleja esas sugerencias. "Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada", sostuvo el ministro.
El objetivo: incorporar los "dólares del colchón"
La reforma forma parte de la estrategia del Gobierno para incentivar que los ahorros mantenidos fuera del sistema bancario ingresen al circuito formal.
En el Ejecutivo sostienen que muchos contribuyentes evitan blanquear esos fondos por temor a inspecciones o cuestionamientos vinculados con diferencias menores en sus declaraciones fiscales.
Con la eliminación de los topes para adherir al régimen y la flexibilización de los criterios para revisar ejercicios anteriores, el Gobierno busca generar mayores incentivos para que esos recursos ingresen al sistema financiero.