El objetivo de Español, según confiesa en la norma es “prevenir, en el contexto de recrudecimiento de la pandemia por COVID 19, una reducción injustificada en la oferta de productos para el mercado interno”. La medida rige para aquellas compañías del sector industrial que facturen más de $3.955.200.000 por año y las del sector comercial que registren una facturación anual superior a $3.698.270.000.
La amenaza para quienes no cumplan es la Ley de Abastecimiento sancionada en 1974, pocos días antes de la muerte de Juan Domingo Perón. Tuvo modificaciones durante la dictadura militar, con Jorge Rafael Videla, y en 2014 cuando se eliminó la “detención preventiva” por hasta 48 horas y la facultad de “allanar”.
Sin embargo, la ley vigente establece como requisito para recurrir una multa el previo depósito del monto, salvo que ello pudiese ocasionar un perjuicio irreparable. Se elimina posibilidad de sustituir el depósito de la multa por una caución real o por una garantía sobre el fondo de comercio.
Matías Kulfas y Paula Español
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, tomó esta medida que apunta a las empresas luego de advertir la existencia de situaciones de escasez de insumos.
Español tomó esta medida luego de advertir la existencia de situaciones de escasez de insumos y bienes finales “que son particularmente perjudiciales en la coyuntura de emergencia sanitaria”.
Con esta intimación a incrementar la producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y asegurar el transporte, la distribución y comercialización, “se busca resguardar el interés económico general y evitar situaciones de desabastecimiento que puedan perjudicar a las y los consumidores”, señala.
Las embestidas de Español contra empresas se focalizaron en las últimas semanas en las alimenticias. Puntualmente, anunció la puesta en marcha de un régimen que obliga a las compañías a requerir su visto bueno antes del lanzamiento de nuevos productos al mercado.
Una semana antes, había impuesto el requerimiento de una serie de datos sensibles a grandes empresas, desde producción, nivel de stocks, precios, ventas, denominado Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica).
El domingo último la COPAL, la cámara que agrupa a empresas alimenticias, le respondió con un duro comunicado por las pérdidas que le genera el régimen de Precios Máximos y la burocracia de los sistemas informativos. Ahora la amenaza oficial pasa por la aplicación de la Ley de Abastecimiento.