Son varias las empresas argentinas que plantean su cierre o la posibilidad de abandonar el país tras la polémica implementación del acta 2764/2022 en los juicios laborales. Los especialistas alertan sobre el peligro de una de las principales fuentes de trabajo de la Argentina. El análisis de los expertos en A24.
En mayor o menor medida, la recesión ha golpeado a varias empresas, sobre todo a aquellas más pequeñas cuya espalda es más pequeña para soportar la crisis. Y en el sector crece la preocupación por una indexación a los juicios laborales que complica más al sector.
En A24, el abogado experto en derecho laboral Héctor García analizó la polémica acta 2764/2022 que introdujo (tras maniobras por parte de camaristas laborales que han complicado el panorama de las indemnizaciones laborales en Argentina) un nuevo régimen de intereses, capitalizando la capitalización y derivando en anatocismo, una práctica prohibida por el artículo 770 del Código Civil y Comercial.
Sucede que el artículo 276 de la ley de contrato de trabajo que proponía la actualización por IPC más una tasa de interés pura del 3% anual de los juicios laborales no se aplica desde el año 2022 , y al aplicar el nuevo régimen de intereses en los juicios laborales, las Pymes corren riesgo.
Para regular esta situación, abogados laborales como Jorge Samouelian y la diputada del PRO, Verónica Razzini, trabajan en un proyecto de ley a fin de proponer un nuevo régimen de compensaciones, buscando limitar el impacto devastador que las actuales prácticas de cálculo de intereses tienen sobre las empresas en Argentina.
Con este panorama, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se enfrenta a un nuevo desafío. Dado que en marzo de 2024, el máximo tribunal emitió un fallo en el Caso Oliva recalculando una indemnización y provocando una reducción significativa del monto, las Cámaras de Apelaciones del Trabajo agravaron la situación con el Acta 2783, que aplica una indexación basada en el Coeficiente de Variación de referencia (CER) más una tasa activa anual del 6%.
Este contexto ha generado ejemplos extremos, como el de una radio FM cuya sentencia inicial de 4.837.795 pesos escaló a 254.418.206 pesos debido a demoras y la aplicación de los nuevos regímenes de intereses, poniendo a la empresa al borde del colapso.
Son varias las compañías que están al borde del cierre o evaluando abandonar el país debido a los costos desmedidos de estas indemnizaciones, que pueden alcanzar montos siderales y confiscatorios.
