Siempre se habló en Argentina de una situación abusiva en la industria de los juicios laborales, pero pocas veces se indago sobre el verdadero núcleo que se plantea como letal para una empresa, desde la más pequeña a la más grande.
Varias compañías en Argentina están en riesgo de cierre o hasta evalúan la posibilidad de abandonar el país por el costo de las indemnizaciones.
Cómo impactan en las empresas los juicios laborales. (Foto: archivo)
Siempre se habló en Argentina de una situación abusiva en la industria de los juicios laborales, pero pocas veces se indago sobre el verdadero núcleo que se plantea como letal para una empresa, desde la más pequeña a la más grande.
Hoy uno, dos o tres procesos laborales que se prolongan en el tiempo sin llegar a un acuerdo en la etapa de conciliación, pueden derivar es una sentencia, cuya liquidación implica un monto sideral, desproporcionado y confiscatorio.
Es el caso de varias compañías en Argentina, que por lo bajo están en riesgo de cierre o hasta la posibilidad de abandonar el país, por ejemplos: un gigante de la informática con 1.000 millones en Juicios laborales, hasta una FM con cinco procesos de empleados que no acumulaban más de dos años en algunos casos en su puesto de trabajo, o conductores tercerizados contratados para programas artísticos, sin ninguna relación laboral.
Históricamente al empresario o comerciante argentino, le convenía que los juicios laborales se prolonguen en el tiempo y se apelaba a medidas dilatorias para no pagar, el resto lo hacía, el mal endémico de la inflación, provocando una verdadera licuación de las indemnizaciones.
Pero ya hace un tiempo que esto cambio y el paradigma es otro, el famoso artículo 276 de la ley de contrato de trabajo que proponía la actualización por IPC más una tasa de interés pura del 3% anual, YA NO CORRE MAS, desde el año 2022 , las cámaras de apelaciones del Trabajo aplican la polémica acta 2764/2022 con un nuevo régimen de intereses provocando una capitalización de la capitalización.
Este defecto producido por la INEFICACIA DE LA JUSTICIA, fundamentalmente, derivo en ANATOCISMO, es decir que las sentencias tengan aplicados intereses sobre los intereses capitalizados, una verdadera aberración que hasta lo prohíbe el artículo 770 de Código Civil y Comercial, tratando de mediar la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo en Marzo de 2024, el llamado Caso Oliva, un empleado logro una indexación del 7.745% de su liquidación en juicio, por el polémico acta 2764/2022.
La Corte entendió que la capitalización periódica de intereses contemplada por la Cámara implico un apartamiento de la regla de artículo 770 de Código Civil y Comercial y recalculo la indemnización con el coeficiente R.I.P.T.E Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, lo que provoca una sensible baja, de esta manera quedo en un 6360 %, de algo más de 165 millones de pesos a 134 millones montos importantes y sabor a poco para solucionar la problemática.
Las Cámaras de Apelaciones del trabajo, ahora redoblaron la apuesta y acordaron aplicar el Acta 2783 que prevé una indexación basada en el Coeficiente de Variación de referencia (CER) más el 6 % de tasa activa anual, en la práctica , agravaron el tema para las empresas y precipitan el abismo para todas las Pymes.
Un ejemplo claro es el de una radio FM de las más conocidas y populares. Tenía en su programación un segmento producido por una compañía externa, a su conductor no les renovaron el contrato , se sintió despedido y demandó a la empresa que poseía la licencia de la emisora, posteriormente, la cámara del trabajo considero que los 4.837.795 pesos que resultaron de la sentencia, por las demoras terminaron siendo por el famoso Acta 2764 /2022 $185 .170.000 de pesos , si hacemos el cálculo por el RIPTE de la Corre $125.766.000 pesos y con el Nuevo Acta 2783, $254.418.206 un verdadero delirio que directamente pone en zona de muerte a la empresa de medios.
Después de la aprobación de la Ley Bases, ya está en estudio un proyecto de ley para regular esto y proponer un nuevo régimen de compensaciones, quien estas a cargo es el Dr. Jorge Samouelian, que en su libro Análisis del Régimen de Indemnizaciones ya había advertido de este problema en 2023, el Abogado laboralista asesora a la Diputada del Pro Veronica Razzini co-autora del proyecto para que el Poder Legislativo le ponga a un límite a esta verdadera Motosierra de empresas.
(*) Mariano Yezze es periodista y abogado.
