Como ejercicio ciudadano, la decisión de los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata de confirmar “provisoriamente” al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla al frente de la "causa D'Alessio” (en a que se investiga una presunta asociación ilícita dedicada al espionaje, extorsión y lavado de dinero) resulta interesante de comparar con la de sus pares de Comodoro Py por, al menos, cinco razones.
La primera tiene que ver con las razones que dan los jueces, ya que las respaldan en jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Cámara de Casación Federal. Es decir, la decisión no tiene que ver con la simple voluntad de los jueces, como pasa a menudo.
La segunda tiene que ver con un poderoso mensaje que envía la Cámara marplatense a varios destinatarios que exceden a las partes de la causa. Los jueces hablan de que no hay un derecho a que determinada persona lleve adelante un juicio. Si bien lo dicen explicando qué significa el "juez natural", mencionan expresamente que no hay un derecho subjetivo a que intervenga tal o cual juez. ¿Se refieren a Comodoro Py? Quizás.
La tercera se vincula con el lenguaje del fallo. Está impregnado de sentido común. Los jueces explican por qué hay reglas de competencia y por qué cuando existen delitos complejos, como en el caso D'Alessio, es preciso no desmembrar la investigación, esperar a que el juez relativamente finalice su trabajo y luego, sí, discutir eventualmente quién debe intervenir.
En cuarto lugar, y por contraste, la estructura del fallo permite comprender cómo habitualmente se manipulan las reglas de competencia. El abogado Pablo Slonimsqui en su libro “Fórum shopping reloaded” relata las prácticas, formalmente legales pero discutibles, a través de las cuales se manipula la ley y se elige a dedo el tribunal en las causas más sensibles. Un ejemplo es la causa de los "Cuadernos de las coimas", en la que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli no fueron designados por sorteo.
En quinto lugar, los jueces reconocen la gravedad del caso, y sin hacer nombres propios, demuestran que son conscientes de la magnitud del hecho y con mucha prudencia apostaron a la ley. De hecho, es por ello que los camaristas le piden a Ramos Padilla que disponga “la celeridad que el caso impone”.
Se trata de una sentencia que dio un paso, un pequeño paso, pero paso al fin, a favor de la Constitución, más allá de cuánto hay en juego en ese expediente.
El nuevo desafío actualmente es de otro tipo. Quizás el sistema judicial, en su conjunto, debería apoyar al juez Alejo Ramos Padilla para que pueda trabajar con libertad y exclusiva subordinación a la ley.
