Las internas dentro del Pro entre la “mano dura” de Patricia Bullrich y las “precauciones” de Horacio Rodríguez Larreta respecto de cómo controlar la calle no solo explican la falta de inteligencia -en todo sentido- de lo que pasó el sábado en Núñez, sino también la poca capacidad del Estado de tener una “sintonía fina” por cómo tratar la protesta social.
Una vez más quedó demostrado, en términos de la politóloga de la Universidad Torcuato Di Tella Catalina Smulovitz, cómo el Estado argentino fluctúa entre posiciones muy tenues, para evitar males mayores, y, por el contrario, otras en las que interviene con una represión extrema, sin ningún tipo de control de sus fuerzas policiales, violando todo tipo de procedimientos y protocolos...o arrojándole gases por una ventanilla y sofocando a los jugadores de Boca.
En una entrevista con Infobae, Smulovitz habló sobre la importancia de que el Estado argentino se modernice y empiece a tomar en serio el tema: el control de la protesta por parte de las fuerzas de seguridad debe ser ordenada y siguiendo estándares internacionales para que las alternativas no sean la muerte o la nada.
“Hablo del Estado nacional con las fuerzas federales y de los Estados provinciales con sus respectivas fuerzas porque si se observan las cifras de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) respecto de las muertes que se producen en las protestas en las provincias, son muy altas”, afirmó Smulovitz.
El miércoles 18 de febrero de 2016, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó el Protocolo Antipiquetes, que nunca fue aplicado totalmente. Más allá de los halagos y las críticas al mismo, desde ese entonces el Gobierno de Mauricio Macri no ha presentado ninguna política pública para ordenar de manera coordinada y moderna la calle.
En tiempos de inflación, ajuste, pobreza y violencia creciente es casi un milagro que no haya habido más muertos y heridos. Sobre todo, cuando la propia área de Seguridad federal había recibido específicos alertas de la justicia el 1 de diciembre de 2017, acerca de la impotencia de las fuerzas de seguridad para llevar adelante las tareas de recolección de pruebas que había encomendado el fiscal federal Federico Delgado que, por delegación del juez Rodolfo Canicoba Corral, investigó a la barra brava de River y explicó puntillosamente las debilidades del Estado para encarar ese tipo de crímenes
