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El Gobierno destacó que más de 1,2 millones de funcionarios verán reflejado el incremento no solo en su salario base, sino también en los retroactivos que se liquidarán en diciembre de 2025. Esto significa que quienes estuvieron recibiendo su salario sin ajuste durante los primeros once meses del año tendrán una compensación acumulada proporcional al tiempo transcurrido.
Este mecanismo de retroactividad, habitual en los acuerdos salariales del sector público, se aplica para evitar que los empleados pierdan poder adquisitivo mientras se realizan las negociaciones con los sindicatos y se ejecutan los análisis fiscales.
Impacto directo en el salario: ¿cuánto ganarán los empleados públicos?
El decreto establece que un funcionario con un salario de $2.200.000 pasará a recibir $2.354.000 mensuales. Este ajuste implica un incremento directo de $154.000 al mes solo en el salario base.
A este aumento se suman los retroactivos, que se calculan como la diferencia entre el salario actual y el nuevo salario, multiplicada por los meses en que el incremento no se aplicó. En el ejemplo anterior, un funcionario podría recibir más de $600.000 adicionales en diciembre, dependiendo del número de meses pendientes y otros factores como prima técnica, bonificaciones o tiempo de servicio.
La fórmula general de cálculo es:
Retroactivo salarial = (Nuevo salario - Salario anterior) x Meses pendientes
Para los funcionarios con ingresos más altos, el pago retroactivo también será proporcionalmente mayor, lo que podría representar liquidaciones superiores al millón de pesos.
La base del aumento: ¿cómo se definió el 7%?
El incremento del 7% surgió de un ejercicio conjunto entre el Gobierno y las centrales sindicales, que tomaron como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2024, que cerró en 5,2%, y un 1,8% adicional negociado durante las mesas de diálogo.
El IPC es el indicador usado para medir la inflación anual y es clave para establecer aumentos salariales que permitan mantener el poder de compra. Con este ajuste, el Gobierno busca que los empleados públicos no solo compensen la pérdida inflacionaria, sino que también tengan una leve mejora real en su ingreso disponible.
Desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Germán Ávila afirmó que el incremento “representa un equilibrio técnico entre responsabilidad fiscal y justicia salarial”. También enfatizó que la prioridad del Ejecutivo es evitar que la inflación futura erosione los salarios del sector público.
Viáticos, subsidios y bonificaciones también aumentan
Uno de los puntos más destacados del Decreto 0620 es la actualización de los viáticos, subsidios y bonificaciones, que a partir de 2025 aumentarán en la misma proporción del salario base.
Esto incluye:
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Viáticos por desplazamiento dentro y fuera del país
Subsidio de transporte
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Gastos de representación
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Prima técnica
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Bonificación de servicios prestados
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Primas especiales y primas de riesgo
Este ajuste es particularmente relevante para cargos que requieren movilidad o que implican funciones críticas. Por ejemplo, los funcionarios que realizan inspecciones, supervisiones o auditorías suelen depender de los viáticos para cumplir sus funciones, por lo que un incremento proporcional ayuda a mantener una operación estatal eficiente.
Negociación con los sindicatos: 12 mesas sectoriales y más de 90 solicitudes
El acuerdo que respalda este incremento fue el resultado de un extenso proceso de negociación entre el Gobierno y las principales centrales sindicales del país, entre ellas la CUT, la CGT y la CTC. Las conversaciones incluyeron 12 mesas sectoriales, cada una enfocada en las necesidades de diferentes entidades o grupos ocupacionales, y más de 90 solicitudes específicas presentadas por los trabajadores.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que este acuerdo avanza en la “construcción de una política laboral moderna, transparente y equitativa para el sector público”. Aseguró que el diálogo social fue la herramienta clave para llegar a un consenso viable tanto para los trabajadores como para el Estado.
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, celebró el incremento, pero también señaló que aún quedan desafíos importantes:
“El aumento es positivo, pero debemos seguir avanzando en la nivelación salarial entre entidades, en el fortalecimiento de la carrera pública y en la reducción de brechas entre regiones”, expresó.
Estas observaciones reflejan un problema histórico en el sector estatal: las diferencias salariales entre funcionarios de entidades con presupuestos robustos, como el sector financiero o de regulación, y aquellos que trabajan en áreas con menor asignación presupuestaria, como educación o salud.
Perspectivas para 2026: ¿cómo será el próximo aumento salarial?
Uno de los aspectos más valorados del acuerdo es la cláusula de previsión salarial para el año 2026. Según esta disposición, los empleados públicos recibirán un aumento equivalente al IPC de 2025 más un 1,9% adicional, un mecanismo que asegura previsibilidad y estabilidad en los ingresos de los trabajadores estatales.
Esta cláusula tiene dos ventajas clave:
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Impide retrasos en las negociaciones, al permitir que el aumento esté predefinido sin depender de debates prolongados.
Asegura que los salarios crezcan al menos un punto por encima de la inflación, lo que protege el ingreso real de los funcionarios.
El Gobierno considera que este camino permitirá “construir aumentos sostenidos en el tiempo y evitar tensiones laborales”, garantizando que las mesas de diálogo se mantengan abiertas pero sin paralizar la política salarial anual.
Impacto fiscal y reacciones económicas
El aumento salarial del 7%, junto con los retroactivos, representa un compromiso fiscal importante para el Estado. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aseguró que las cuentas públicas pueden asumir la carga debido al crecimiento proyectado de la economía y al incremento en la recaudación tributaria.
Analistas económicos destacan que estos ajustes salariales suelen dinamizar el consumo interno, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos, donde se concentra gran parte del empleo público. Un mayor flujo de recursos hacia los hogares puede impulsar la demanda y, por ende, la actividad económica en el corto plazo.
No obstante, algunos expertos advierten que aumentos superiores al IPC deben manejarse con prudencia para evitar presiones adicionales sobre el déficit fiscal o sobre la inflación futura. El Gobierno respondió indicando que el incremento del 7% “fue diseñado bajo parámetros de sostenibilidad”.
