Según los funcionarios, la detección de estos comedores “fantasma” fue posible gracias a un nuevo esquema de trazabilidad, que combina digitalización, georreferenciación y control directo sobre los puntos de entrega.
Cambios en el sistema
Desde el Gobierno porteño descataron que el cierre de espacios irregulares se hizo sin afectar a los comedores que cumplen funciones efectivas. “Todos nuestros programas tienen condicionalidades claras y están completamente desintermediados. Hay un control estricto y riguroso, que realizamos todos los días, apoyado en tecnología para garantizar transparencia en cada etapa del proceso", expresó Mraida.
"Incorporamos un sistema que nos da visibilidad total: sabemos a dónde va cada ración, quién la recibe y cómo se usa cada peso. Ahora cada persona accede con su DNI, sin punteros, sin listas manejadas por nadie y sin el filtro de ninguna organización. La ayuda llega directo a quien la necesita y en comedores comprometidos con el trabajo social y la transparencia. Porque no todos son lo mismo. Cortamos con prácticas que todos veían, pero no se atrevían a enfrentar", dijo Macri.
Además de los comedores, el sistema incluye paradores, centros de jubilados y espacios de primera infancia, así como la transferencia directa a través del programa Ciudadanía Porteña. Esta política incorpora inscripción digital y pagos con la billetera Buepp, del Banco Ciudad.
Con la eliminación de trámites manuales y el registro unificado de beneficiarios, el Gobierno porteño busca fortalecer la calidad de las intervenciones sociales. El nuevo sistema permite hacer seguimiento individual, registrar necesidades específicas y evaluar el cumplimiento de los requisitos.
La meta oficial para 2026 es ampliar a más de 160 los comercios habilitados para la compra directa de alimentos, en un modelo que prescinda de organizaciones intermediarias y garantice el uso correcto de los fondos públicos.
"Una Ciudad más justa es la que sabe exactamente a quién está ayudando", concluyó Mraida, al señalar que el sistema digital permite verificar cada etapa del proceso y dar respuesta más eficiente a las demandas alimentarias.
El cierre de los 40 comedores se convirtió en la acción más visible de una política que busca reordenar el mapa de la asistencia social en la Ciudad, limitando el uso discrecional de los recursos y priorizando el contacto directo con los beneficiarios.