Jornada de tensión en Colombia. Se cumple un paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque. Es la primera huelga a nivel general en su administración, pero llega en un momento complicado. Plantea un programa de reformas y ajustes que resiste la mayoría de los grupos sociales, gremios o partidos políticos de oposición. Su popularidad está en los niveles más bajos desde que asumió en agosto de 2018. El índice de desaprobación llega al 69%.
Por eso, 50 organizaciones sociales, sumados a los estudiantes, marchan contra el “paquetazo” de Duque. Con ese término se refieren a las pretendidas medidas para realizar:
Pero no es el único motivo que lleva a los colombianos al paro nacional.
El asesinato de ocho niños en un bombardeo del ejército a un presunto campamento de disidencias de las FARC es un asunto que complica seriamente a Duque.
También se moviliza el colectivo de LGBTIQ porque denuncia episodios de violencia en su contra. Especialmente, en zonas recuperadas del control de la guerrilla, que ahora están bajo el mando de los militares.
Por todo esto, el gobierno emitió un decreto con los alcances que debe tener el paro. Entre otras cosas, se dispuso cerrar las fronteras. En ese aspecto, la medida está orientada a evitar la presencia de “infiltrados chavistas desde Venezuela”.
El gobierno defiende el decreto porque busca “el mantenimiento del orden público, en el marco de la garantía y respeto al derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas”.
Sin embargo, un grupo de profesores que hoy se moviliza bajo la consigna #ProfesAlParo, que fue tendencia en las redes sociales, decidió enfrentar los alcances del decreto. Los docentes plantean que la medida es “inconstitucional” ya que “facilita un estado de excepción paralelo, que elude el control constitucional”.
Es que el decreto presidencial es muy amplio. En su interpretación puede permitir instalar un “toque de queda” para restringir la circulación de personas en vías y plaza pública. Incluso, como medida extrema ante un desborde de las fuerzas policiales, también habilitaría a pedir el auxilio de las Fuerzas Armadas.
Quienes convocan hoy al paro, apuntan a una jugada estratégica del presidente Duque a la hora de dar a conocer el decreto. Publicado solo dos días antes de la medida de fuerza, hizo imposible su revisión por parte del Consejo de Estado o la Corte.
Colombia, en tanto, cerrará el año con un crecimiento superior al 3%, por encima del promedio regional. Pero los beneficios de la “macro” tardan en “derramar a los sectores más postergados”.
La situación, así, se presenta para muchos como la antesala de la crisis que comenzó en Chile desde el 18 de octubre pasado y que, pese al anuncio de medidas sociales y una reforma constitucional, sigue sin resolverse. Es lo que quiere evitar a toda costa el presidente Duque.
