El pasado 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, se proclamó Presidente de su país en abierto desafío a Nicolás Maduro, que desde 2013 ocupa la residencia presidencial de Miraflores en Caracas. La fecha no fue elegida al azar.
Un 23 de enero pero de 1958 una movilización popular puso fin a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez e inauguró el período más extenso de democracia en el país caribeño. La simbología estaba clara: el pronunciamiento de Guaidó iba a poner fin a la dictadura de Maduro.
El joven parlamentario se amparó en la constitución venezolana, que establece que en ausencia de un presidente legítimo, el titular de la Asamblea ocupa el Ejecutivo.
Las razones esgrimidas por Guaidó para declarar Presidente ilegítimo a Maduro son los progresivos recortes a las libertades civiles y políticas que desde por lo menos cinco años caracterizan a la política venezolana.
Efectivamente, la ausencia de elecciones libres y competitivas, el encarcelamiento de opositores, el fraude y la proscripción, la cancelación del referéndum revocatorio de 2016, la convocatoria irregular a la Asamblea Constituyente para poder gobernar sin el Legislativo son los elementos que determinan que hoy no se pueda caracterizar a Venezuela como una democracia.
Los países del continente (incluyendo a los Estados Unidos y Canadá) rápidamente reconocieron a Guaidó como presidente legítimo, con la excepción de los gobiernos aliados (China, Rusia, Bolivia y Nicaragua) y los tradicionalmente neutrales (México y Uruguay). De este modo, la región aspiraba a poner fin del calvario venezolano.
Efectivamente, el autoritarismo venezolano es el problema más visible del país, pero tal vez no sea el más grave. Venezuela además sufre los efectos de ser un Estado fallido, con una tasa de homicidios escandalosa y de tener una economía devastada. Todo esto sin contar los efectos de largo plazo que implica el éxodo de buena parte de su población.
¿Cuáles son las probabilidades de que el intento de Guaidó tenga éxito? Las movilizaciones populares, por sí solas, difícilmente volteen un gobierno autoritario. La presión internacional y el ahogo financiero pueden ayudar, pero mientras las fuerzas armadas apoyen al gobierno, Maduro puede resistir. En otras palabras: los que definen son los militares.
En este contexto, es importante tener en cuenta que el chavismo incluyó a las fuerzas armadas como parte importante de la coalición de poder. Estas últimas tienen hoy mucho para perder de un cambio de gobierno.
Sectores del ejército, por ejemplo, tienen a su cargo la distribución de alimentos, rubro muy rentable en la hambrienta Venezuela de estos días. Aún más, se sospecha que las fuerzas armadas están involucradas en crímenes gravísimos como el tráfico de drogas.
Todo esto apunta en la misma dirección: los altos mandos militares prefieren que continúe Maduro en lugar de correr el riesgo de terminar sus días en la cárcel.
¿Cómo terminará Venezuela? Políticamente, la vertiente optimista reside en una fisura entre los militares que promuevan una caída de Maduro y convocatoria a elecciones libres. Otra alternativa, más pesimista, es que Maduro resista con la ayuda militar e incluso endurezca su régimen.
Lamentablemente nada indica que la faceta económica de la crisis terminará pronto. Venezuela podría seguir empobreciéndose y desangrándose por mucho tiempo más. Zimbabwe vive en una situación de deterioro económico y hambre hace 40 años.
En cualquier caso, ojalá algún día el pueblo venezolano pueda librarse del yugo de la clase gobernante que convirtió un país de renta media en un enclave de África en la región.
*Juan Negri, PhD en Ciencia Politica, Docente en la Universidad Torquato Di Tella,UNSAM y EPYG
