Guatemala prohíbe el matrimonio igualitario, condena el aborto y prohíbe la educación sexual en la diversidad
El Congreso de Guatemala a través de la aprobación de la "Ley para la Protección de la Vida y la Familia" decidió endurecer las penas de cárcel hasta 10 años por aborto, prohibir el matrimonio igualitario y la educación sobre la diversidad sexual, esto en el Día Internacional de la Mujer.
La mencionada ley sanciona con hasta 10 años de cárcel a "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause", mientras que en la ley anterior la pena máxima era de 3 años.
Además, la ley castiga con un prisión de hasta 50 años al responsable de un "aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer" y que causen la muerte de esta, delito considerado como un "aborto calificado", informó la agencia de noticias AFP.
"Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso", advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.
"Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio", añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.
El texto está listo para ser promulgado por el presidente conservador Alejandro Giammattei, quien anunció que Guatemala será la Capital Iberoamericana Provida.
"Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca", dijo el diputado Armando Castillo, del derechista partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.
En dicha ley que reforma el Código civil se deja en claro que "se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo" en Guatemala.
Además, "prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer".
"No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios", afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.
