Un panorama de incertidumbre se cierne sobre los Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) en Colombia, mientras la Corte Constitucional avanza en el análisis de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, Reforma Pensional.
La norma, que debía entrar en vigor el 1 de julio de 2025, fue suspendida por decisión del alto tribunal, luego de que prosperara una demanda que advertía vicios de procedimiento en su aprobación legislativa.
Un panorama de incertidumbre se cierne sobre los Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) en Colombia, mientras la Corte Constitucional avanza en el análisis de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, Reforma Pensional.
La norma, que debía entrar en vigor el 1 de julio de 2025, fue suspendida por decisión del alto tribunal, luego de que prosperara una demanda que advertía vicios de procedimiento en su aprobación legislativa.
Aunque la Cámara de Representantes repitió el último debate con la intención de corregir los errores señalados, la Corte aún no se ha pronunciado sobre si dichas correcciones son válidas. A esto se suman otras demandas de fondo que cuestionan la estructura del proyecto. Hasta tanto no haya un fallo definitivo, se mantienen vigentes las disposiciones de la Ley 100 de 1993, que sigue regulando el sistema pensional colombiano.
Mientras el debate jurídico continúa, los fondos privados de pensiones reportan un desempeño financiero positivo. Según un análisis del equipo investigativo de Bancolombia, los resultados de 2025 muestran rentabilidades superiores al 12,4% en los últimos 12 meses.
El informe destaca la participación de los fondos en títulos de deuda pública (TES), que representan más del 36% de sus portafolios. Desde 2022, estos papeles han ofrecido rendimientos atractivos, una tendencia que, según las proyecciones, se mantendría en 2025 y 2026.
“A pesar de tasas elevadas y riesgos fiscales latentes, vemos espacio de valorización en los TES para 2026, que esperamos sea de 68 puntos básicos en promedio, lo cual favorecerá la rentabilidad de los fondos”, señalan los investigadores.
Este escenario refuerza la idea de que, mientras la reforma no sea implementada, el sistema vigente sigue ofreciendo estabilidad en términos de inversión.
Uno de los puntos que genera preocupación en las AFP es la ralentización en el crecimiento de afiliados. Desde octubre de 2023, la tasa anual de nuevos vinculados no supera el 2%. En el primer semestre de 2025, el promedio apenas llegó al 0,6%, e incluso algunas administradoras registraron pérdidas consecutivas de afiliados.
Actualmente, el sistema mantiene un número estable de 19,2 millones de afiliados, pero el crecimiento parece estancado. No obstante, los aportes recibidos por las AFP mostraron un comportamiento más favorable, con un aumento del 35,5% anual y del 8,6% trimestral al cierre de junio de 2025.
Este contraste evidencia un fenómeno dual: mientras los ingresos por aportes crecen, la base poblacional de cotizantes se estanca.
Los expertos advierten que, si la Ley 2381 de 2024 entra en vigor, el panorama cambiará radicalmente para las administradoras privadas. Las disposiciones de la reforma limitan el monto de aportes obligatorios que podrán recibir las AFP, pues solo gestionarían los excedentes superiores a 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
A esto se suma la propuesta de reducción gradual hasta el 0% en el porcentaje de comisión de administración por los aportes obligatorios, lo que impactaría directamente en sus ingresos. La única compensación sería el cobro de una comisión sobre los activos bajo administración (AUM) de hasta 0,7%.
“Si entra en vigor la ley, las AFP enfrentarían un fuerte impacto en su operación por la relevante disminución de flujos mensuales, lo cual tendrá un efecto en el tamaño de su portafolio de inversiones y la capacidad de mantener su papel de agente comprador en el mercado de renta variable y renta fija local”, advierten los analistas financieros.
Ante este escenario, las administradoras privadas ya evalúan cómo adaptarse a un entorno más restrictivo. Una de las alternativas es fortalecer el negocio de pensiones voluntarias y gestión de patrimonio, dos segmentos que muestran señales de dinamismo.
Aunque el número de afiliados a pensiones voluntarias creció apenas un 2%, el valor de los fondos tuvo un incremento del 18,8%, alcanzando un total de 42 billones de pesos.
En un contexto marcado por la transición demográfica acelerada y la mayor longevidad de la población, los fondos privados buscan posicionarse como actores clave en la planeación financiera de los colombianos más allá del esquema pensional obligatorio.
Mientras tanto, la agremiación que reúne a las AFP, Asofondos, ha elevado su voz ante la posibilidad de que la Corte Constitucional declare exequible la reforma.
Su presidente, Andrés Velasco, ha advertido que, en caso de aprobarse, será indispensable un período mínimo de transición para implementar los cambios sin poner en riesgo la operatividad del sistema.
“Si la Corte da vía libre, será indispensable que nos concedan tiempo para procesar todos los cambios poblacionales que se han presentado desde el 1° de julio. No se trata de retrasar la entrada en vigencia, sino de evitar problemas técnicos y legales”, explicó Velasco.
El dirigente gremial sugirió que un plazo de al menos dos meses permitiría ajustar los procesos internos, evitando errores como las dobles cotizaciones de un mismo mes, lo que podría derivar en litigios o perjuicios para los afiliados.
La discusión sobre la reforma pensional no solo tiene un trasfondo jurídico y económico, sino también social. La promesa del Gobierno con la Ley 2381 de 2024 es ampliar la cobertura, garantizar mayor equidad y asegurar la sostenibilidad del sistema.
Sin embargo, los detractores sostienen que limitar los ingresos de las AFP podría afectar la profundidad del mercado de capitales en Colombia, al reducir su capacidad de inversión.
En cualquier caso, lo que está en juego no es menor: la seguridad pensional de millones de colombianos y la estabilidad del sistema financiero que, en buena parte, se nutre del ahorro pensional.
La Corte Constitucional deberá definir en los próximos meses si la Ley 2381 de 2024 cumple con todos los requisitos de validez formal y material. Su decisión marcará un antes y un después para el futuro del sistema pensional.
Por ahora, mientras se espera el fallo, las AFP mantienen sus operaciones bajo la Ley 100 de 1993, fortalecen sus negocios complementarios y preparan estrategias de contingencia para adaptarse al escenario que surja del pronunciamiento judicial.
El país se encuentra, entonces, en un momento decisivo para el futuro de las pensiones, donde la expectativa, la incertidumbre y la necesidad de soluciones equilibradas se cruzan en un mismo debate.
