La Corte Suprema le envió el expediente a la Procuración de la Nación para que dé su opinion sobre el conflicto por las clases presenciales.
El amparo que presentó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la vuelta a la virtualidad en la educación avanza lentamente. Este martes, la Corte Suprema de Justicia le giró el expediente a la Procuración General para que dé su opinión al respecto.
Con el dictamen de Eduardo Casal, el máximo tribunal quedará en condiciones de emitir una sentencia y resolver así el conflicto entre la Ciudad y Nación.
Los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco tuvieron una reunión virtual en las últimas horas en la que trataron la presentación que hizo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
En su planteo, la Ciudad reclamó que se dicte una acción declarativa inconstitucional debido a que la suspensión de las clases presenciales "no se encuentra justificada en datos empíricos, resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional".
Además, sostuvo que "constituye una clara violación al principio de igualdad, porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021".
Según el texto presentado por Rodríguez Larreta, el DNU de Alberto Fernández "viola la autonomía de la Ciudad" e "implica una virtual intervención federal".
El lunes a última hora y antes que venciera el plazo, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, presentó en nombre del Gobierno nacional sus argumentos ante la Corte Suprema para defender la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El documento, con más de 100 páginas, Zannini sostuvo que "es evidente que la protección de la salud pública y de la vida justifica la limitación del derecho a circular" y aclaró que "la restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación, lo que necesariamente conlleva la restricción de determinadas actividades que implican la concentración de personas; así como también, suspender por un plazo temporal la presencialidad de las clases".
El procurador también solicitó que el máximo tribunal cite a la Provincia "como tercero de intervención obligada". Es decir, que Axel Kicillof participe de la batalla legal.
