Zannini fue escrachado a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas (Foto: Telam).
Contrarreloj, ya que el plazo vencía este martes a la mañana, el Gobierno presentó sus argumentos ante la Corte Suprema de Justicia para defender la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y validar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Alberto Fernández en el territorio de la Ciudad, administrada por Horacio Rodríguez Larreta.
La presentación la realizó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, cerca de las 23 de este lunes. El documento de más de 100 páginas intenta rebatir la justificación del procurador porteño Gabriel Astarloa, en representación del gobierno porteño, de proseguir con la presencialidad en la Ciudad no sólo por su autonomía -argumenta que el decreto es "anticonstitucional" y "arbitrario"-, sino también por daño que le genera a los niños.
"Es evidente que la protección de la salud pública y de la vida justifica la limitación del derecho a circular", indicó el equipo de Zannini en el escrito. "La restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación, lo que necesariamente conlleva la restricción de determinadas actividades que implican la concentración de personas; así como también, suspender por un plazo temporal la presencialidad de las clases".
La sorpresa del escrito que es allí el Gobierno nacional realiza un "pedido de citación de la Provincia como tercero de intervención obligada". Es decir, que Axel Kicillof participe de la batalla legal.
Según Zannini, "cualquier decisión que eventualmente adopte" la Corte sobre el alcance del decreto "tendrá efectos ineludiblemente, de una u otra manera, sobre la esfera de la Provincia de Buenos Aires".
"De ese modo aumentaría la circulación entre las jurisdicciones involucradas y, por lo tanto, se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios, poniendo en riesgo así la salud de la población y el sistema sanitario no solo de la CABA, sino también de la Provincia", expuso.
Con la firma de los abogados del Estado -Carolina Maidana, Axel Monsech Páez y Santiago Herrera, además de la del subprocurador Horacio Diez y la del procurador K- pidió que el máximo tribunal "rechace tanto el pedido de medida cautelar" presentado por el gobierno porteño como la "demanda interpuesta".
