La batalla política por la presencialidad en las clases en la ciudad de Buenos Aires se debate en el ring de la justicia y sacude a Horacio Rodríguez Larreta con un aluvión de denuncias que tramitan en Comodoro Py.
"No hipotequemos el futuro de los chicos. Las aulas más peligrosas son las aulas cerradas", había afirmado Horacio Rodríguez Larreta en conferencia de prensa en medio del conflicto con Nación. (Foto: Télam)
La batalla política por la presencialidad en las clases en la ciudad de Buenos Aires se debate en el ring de la justicia y sacude a Horacio Rodríguez Larreta con un aluvión de denuncias que tramitan en Comodoro Py.
Lo acusan de desobediencia, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, propagación de pandemia y sedición.
Si las causas prosperaran podrían atribuirle penas que irían desde los 6 meses a 15 años de prisión. No obstante, A24.com pudo saber que para el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, “estas imputaciones no significan una preocupación, a tal punto que no se presentó ante la justicia con sus abogados”.
Por sorteo, las primeras querellas fueron asignadas al juzgado federal número 1, que en estos días está siendo subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. En la medida que aparecían más casos, los magistrados los iban acumulando con los primeros, hasta formar el "combo" cuya investigación quedó a cargo del fiscal federal Ramiro González. Recién la semana próxima podrían surgir las primeras actuaciones.
Son al menos 5 denuncias, que fueron presentadas por el secretario general de ATE Capital Daniel Catalano, y los abogados, Juan Leotta y Darío Liurgo, Marcelo Hertzriken, Daniel Valmaggia, y Adrian Albor.
En general, las acusaciones argumentan que Rodríguez Larreta “ha decidido oponerse destructivamente y generar el mayor caos político posible al Gobierno Nacional, para conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar”.
Otro de los escritos sostiene que “pese a no darse las condiciones sanitarias necesarias […] eliminó la medida de libre tránsito y estacionamiento para forzar la utilización del transporte público, y el aglomeramiento de pasajeros en subtes y colectivos”.
Asimismo, Adrián Albor, responsabilizó al mandatario porteño de violar el decreto del Poder Ejecutivo que suspende la presencialidad en las escuelas, desoyendo el mandato de un juzgado federal “con un sistema sanitario al borde del colapso”.
Inciso aparte, además de la catarata de denuncias contra Rodríguez Larreta, también ingresaron pedidos de investigación contra el presidente Alberto Fernández, el Procurador general del Tesoro, Carlos Zannini y el juez federal Esteban Furnari, acusándolos por diversos delitos, que van desde abuso de autoridad hasta prevaricato.
Es habitual en Comodoro Py, que un acontecimiento que genera controversias en la opinión pública, inmediatamente derive en presentación judicial. La suerte de esos casos es variable, muchos se quedan en el camino, aunque algunos llegan a juicio oral.
Poniendo el foco en las denuncias contra el jefe de gobierno porteño, fuentes judiciales consultadas por A24.com, consideraron que si la Corte Suprema llega a dar la razón a la ciudad de Buenos Aires, todas estas causas caerían por su propio peso.
Otras voces ligadas al gobierno porteño opinaron que no podían respaldar que un juez federal administrativo le dijera que hacer a un tribunal superior de otro fuero, sin siquiera haber trabado una cuestión de competencia. Señalaron que admitir eso sería una “animalada jurídica”.
Por su parte, entre quienes cuestionaron a Rodríguez Larreta advirtieron que la Corte es la única competente para discernir en la discusión por el DNU que saca a los chicos de las aulas.
El debate que atrajo la suspensión de las clases presenciales en el ámbito de Tribunales, no puede soltarse de sus lazos con el poder. Es así que en los pasillos, ajenos y entendidos, coinciden en definirlo como un episodio más de la judicialización de la política.
Más allá de los litigios sobre autonomía, constitucionalidad y competencias que están en marcha, la madre de todas las batallas se juega en la Corte Suprema.
Los jueces del Máximo Tribunal pidieron al Gobierno Nacional que presente su descargo para explicar el DNU que suspende la asistencia a las escuelas en el AMBA hasta el 30 de abril. Tras correr vista al Ministerio Público Fiscal estarán en condiciones de resolver.
El hermetismo con el que trabajan en el cuarto piso del Palacio de Tribunales impide anticipar conclusiones, pero las partes consultadas por A24.com analizan que si se postergan mucho los plazos, podría convertirse en una cuestión abstracta.
Ahora, si llegan a tiempo, las otras opciones podrían ser: confirmar el DNU, o validar la autonomía de la ciudad para establecer las pautas de cuidado en pandemia, o finalmente una posición más salomónica, que al margen de a quien le dé la razón, ordene o aconseje abrir canales de acuerdo, y generar reglas claras, para volver predecible el ritmo de políticas sanitarias que eviten poner en riesgo a la población.
