La Justicia definiría antes de las PASO la situación legal del presidente Alberto Fernández. (Foto: archivo)
Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) están presentes en el calendario de Tribunales, y mucho más teniendo en cuenta la causa que investiga el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta. Aunque los actores del proceso judicial quieren despegarse de cualquier interpretación de índole proselitista, los plazos legales empezaron a correr y queda poco margen para evitar coincidencias con el cronograma electoral.
Es así que en estas dos semanas previas a los comicios, el juez federal Sebastián Casanello deberá resolver el planteo de inconstitucionalidad del DNU que imponía sanciones a los que violaran el aislamiento, al mismo tiempo que comenzará a analizar el pedido de Alberto Fernández para que se cierre el expediente por ausencia de delito.
El presidente dejó expresado en su presentación ante la justicia que espera que revise una excepción de falta de acción por inexistencia de delito y dicte su sobreseimiento.
En caso de que este pedido no prospere ofreció la reparación integral del perjuicio, que consiste en donar al Instituto Malbrán el equivalente a la mitad de su salario como Presidente, durante cuatro meses, en forma consecutiva, para que luego se dicte su sobreseimiento. No obstante, reservó su opción de apelar las resoluciones que pudieran surgir de la instrucción del caso.
Todo este planteo abrirá un incidente dentro del expediente, mientras continúa la investigación. El juez le dará traslado a las partes para que opinen, y finalmente sacará una conclusión. Calculando los plazos procesales, antes del 12 de septiembre, Casanello debería resolver si hubo o no delito.
Sea lo que sea que defina no estará firme hasta que termine el proceso de apelaciones que traería aparejado cualquier fallo que suscriba el magistrado. Es poco probable que la justicia respalde la ausencia de delito, por lo que el siguiente paso sería que el presidente se siente a negociar con el fiscal González un eventual acuerdo de reparación.
Desde que se inauguró el expediente, el fiscal Ramiro González pidió a la Casa Militar los listados de ingresos y egresos de la Residencia Presidencial y la Casa Rosada, incorporó la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez y luego el video, hasta que encontró mérito para imputar a Alberto Fernández, a su mujer y a otras 9 personas que asistieron a Olivos a celebrar en medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Mientras González avanzaba con la observación preliminar de los hechos, los involucrados comenzaron a presentar abogados en Tribunales, y uno de ellos, Mauricio D’Alessandro, representante de Stefanía Domínguez, solicitó la inconstitucionalidad del decreto de marzo del 2020 argumentando que “para limitar el derecho de reunión y circulación es necesario que los decretos pasen por el Congreso y en este caso eso no sucedió".
Hasta las dos primeras horas del martes, el fiscal González tendrá tiempo de presentar su punto de vista, que se descuenta irá por rechazar el recurso. Luego quedará en manos del juez establecer su dictamen. Es poco probable que avale la hipótesis de la ilegalidad del DNU, pues derrumbaría todo el esquema normativo por el que fueron sancionadas unas cien mil personas durante la cuarentena.
El presidente Fernández interpuso el pedido de excepción de falta de acción penal por derecho propio, y dejó afuera a Gregorio Dalbón quién se suponía iba a ser su representante legal. Al parecer quedó desplazado tras sus dichos contra el fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Casanello. El abogado había acusado a González de “coimero” y sobre el juez dijo que le “importaba un huevo”.
No tardaron en aparecer las reacciones de las asociaciones de jueces y fiscales respaldando a los magistrados. Según A24.com pudo saber, el fiscal González pidió no amplificar el tema, aunque está muy molesto documentando todas las expresiones públicas para una eventual futura demanda por daños y perjuicios.
Como sea, la Asociación de Fiscales y Funcionarios (AFFUN) hizo saber que “rechazan la intolerancia que afecta la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal (MPF).”
Por su parte, la Asociación Argentina de Fiscales repudió las palabras de Dalbón porque “constituyen un ataque a la función y a la persona que exceden la mera discrepancia del letrado con la actividad procesal desarrollada, y evidencia todo un mecanismo para hostigar y presionar de manera indebida al Sr. Fiscal.”
Desde la Asociación de Magistrados (AMFJN) la Lista Bordó sostuvo que “cuando creen tener razón, lo deberían demostrar en la justicia en lugar de agraviar a jueces y fiscales.”
Asimismo, un sector en el Colegio de Abogados de la Ciudad impulsó una iniciativa para un sumario interno que evalúe su conducta ética.
En las últimas horas Dalbón acusó recibo de los reproches y volvió sobre sus pasos. Afirmó “Ramiro González, es un buen tipo” y agregó “la verdad me equivoqué porque no es vocabulario para ningún abogado. Lamento eso”.
El fiscal imputó a Alberto Fernández y a sus invitados por el artículo 205 del Código Penal que sanciona a quien violare las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia; y por el artículo 239 que reprime a quien desobedeciere a un funcionario público.
La lista de 11 imputados se completa con Fabiola Yañez, Carolina Marafioti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emmanuel López, Fernando Consagra, Federico Abraham y Stefanía Dominguez.
Se espera que en los próximos días los defensores del resto de los encausados realicen presentaciones similares a las del presidente. Los pedidos de reparación serían proporcionales al patrimonio de cada uno.
Por el momento quedaría relegada la posibilidad de trasladar el expediente por razones de territorialidad a los Tribunales de San Isidro. Sin embargo, esa discusión dependerá de que la jueza Sandra Arroyo Salgado evite reclamar la causa, ya que tiene una denuncia similar.