Las distintas corrientes internas del Gobierno mantienen una relación tensa con los jueces de Comodoro Py.
La pelea entre el gobierno y la justicia continúa vigente aunque con pocos progresos. Mientras el oficialismo propone desde el 2020 una reforma integral del Poder Judicial, en el Parlamento no logran avanzar en ninguno de los proyectos. A su vez, en los Tribunales resisten las “acciones de desprestigio” reclamando “el respeto a la independencia de poderes”.
Con el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso se reeditaron antiguas discusiones, que de ser colocadas sobre un hipotético tablero, podría notarse cuántos casilleros avanzó cada tema pendiente. En esta nota, A24.com se propone actualizar en qué situación se encuentran esos puntos de conflicto.
Por un lado, el presidente Alberto Fernández, reclamó que “el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes fácticos y políticos”.
Por el otro, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechazaron que las “decisiones judiciales adversas al gobierno o a sus funcionarios (...) posicionen a un poder del estado como cómplice”, y señalaron que esas acusaciones “constituyen un agravio que socava los pilares de la República”.
Para empezar, el primer mandatario apuntó que los servicios de telecomunicaciones registraron aumento de precios, “porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio, e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”.
Por este tema fue directo contra la Corte Suprema remarcando que “añeja la cuestión en algún armario”. Con los cuatro integrantes del Máximo Tribunal sentados a pocos metros, ocultando sus gestos detrás de sus barbijos, Fernández subrayó “no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”.
El presidente se refería al DNU 69/20, que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía, el internet y el cable, y estableció al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como autoridad de aplicación del Decreto.
Luego el ENACOM dictó resoluciones regulando los precios y estableciendo la categoría de “Prestación Básica Universal Obligatoria” con una tarifa mínima. Las empresas reaccionaron acudiendo a la justicia con medidas cautelares que resultaron a su favor. Finalmente el gobierno presentó un recurso de queja directamente ante la Corte, que hasta ahora no dió respuesta.
Sobre el tema, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, expresó que “el sometimiento judicial al poder económico real, lastima profundamente a la democracia y garantiza la condición del pueblo como rehén de las grandes corporaciones”.
En su discurso del primero de marzo, Alberto Fernández insistió con la Reforma integral del sistema de administración de justicia federal. En este sentido, lamentó que haya perdido estado parlamentario el proyecto de Ley de Reforma Judicial que recibió media sanción del Senado en 2020.
Además, puntualizó que “fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”.
En rigor, la mayoría de las causas que involucran al macrismo y que se iniciaron en otras jurisdicciones terminaron en los juzgados de Retiro. El caso del presunto espionaje ilegal a los familiares del submarino ARA San Juan fue remitido desde Dolores a manos del juez federal Julian Ercolini. El mismo destino tuvieron los expedientes que investigan las supuestas bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el AMBA para realizar seguimientos en las organizaciones sociales, y, el del falso abogado Marcelo D’Alessio.
A todo esto, desde Lomas de Zamora se envió a manos del juez federal Marcelo Martinez de Giorgi la causa donde están procesados agentes de la AFI que integraban un grupo denominado “Super Mario Bros”, que hipotéticamente se dedicó a perseguir políticos, sindicalistas, periodistas, empresarios, y referentes sociales y religiosos.
La única causa que aún tramita fuera de Comodoro Py es la llamada “Gestapo”, a cargo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
El presunto espionaje ilegal ocupó un lugar destacado en la prédica presidencial en el Congreso cuando dijo que “en la Argentina de hoy no hay espionaje político. No se intervienen teléfonos sin causa judicial. En la Argentina de hoy cada uno piensa y dice lo que le da la gana. El Secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció”.
Seguidamente anunció que en los próximos días enviará “un proyecto de Ley que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia”, argumentando que se necesita un organismo que permita “producir información estratégica de calidad y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población”.
Al tiempo que estas palabras seguían resonando, el jueves comenzaron las indagatorias en el Caso Gestapo. Los primeros citados fueron dos empresarios que participaron de la reunión en el Banco Provincia donde se sospecha se coordinaron estrategias para armar causas contra sindicalistas.
A24.com pudo saber que tanto el representante de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Ricardo Alconada, como el titular del Colegio de Arquitectos de La Plata, Guillermo Moretto, se negaron a declarar y presentaron un escrito en el que coincidieron con la estrategia de defensa.
Ambos aclararon que asistieron a una reunión institucional, en un rol institucional, en un edificio público, invitados por el Ministerio de Trabajo bonaerense, en defensa de intereses reales que atravesaba su sector, y que ,además, desconocían que había presentes agentes de AFI.
A partir de la semana que viene continuará la rueda de indagatorias a empresarios, funcionarios y espías imputados en este expediente. No obstante hay otras causas relacionadas con las sospechas de espionaje político en las que se aguardan novedades.
En ”Super Mario Bros”, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó como testigos al diputado nacional Diego Santilli, al hermano del expresidente, Mariano Macri, y a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.
En ARA San Juan, la Cámara Federal de Comodoro Py tiene que resolver el pedido de apelación al procesamiento sobre Mauricio Macri, que en su momento firmó el juez federal de Dolores Juan Bava.
Alberto Fernández le pidió al Congreso que discuta el proyecto de ley de Reforma del Consejo de la Magistratura, e insistió en que “la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis” durante este año legislativo.
El año anterior en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias, el presidente había reclamado al Congreso que trate esta “demanda impostergable”, y los acusó de constituir “el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”.
El oficialismo viene dando muestras de su malestar contra los integrantes de la Corte, e incluso llegó a organizar una manifestación frente al Palacio de Tribunales reclamando la renuncia de sus miembros.
Les imputan que priorizan causas políticas a favor de la corporación judicial, y rechazan el fallo del Máximo Tribunal que ordenó ampliar la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura de 13 a 20, dejando la titularidad del cuerpo para el presidente de la Corte, y poniendo como plazo límite el 15 de abril.
Después del mal trago en el Congreso, la Corte emitió un fallo que ordenó indemnizar con mil millones de pesos a los dueños de la exCiccone Calcográfica por la expropiación de la empresa en 2012.
Por su parte, el gobierno tendrá que enfrentar un nuevo desafío ante la Corte Suprema, que convocó para el 10 de marzo a una audiencia de conciliación, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro, por la demanda de la Ciudad contra el Estado Nacional reclamando la inconstitucionalidad del decreto 735/20 que redujo el porcentaje de fondos coparticipables para la Capital Federal.
Con todo, las reformas que reclama Alberto Fernández en el Parlamento no llegaron a ser tratadas durante el verano porque el funcionamiento del Poder Legislativo quedó trabado por la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los legisladores del PRO abandonaron la Asamblea del Congreso cuando Alberto Fernández recordó que el año pasado instruyó a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal sobre el endeudamiento con el Fondo.
Esa investigación, que ya estaba en marcha en los Tribunales cuando hace 12 meses el presidente hizo el anuncio, acaba de arrojar novedades, porque la jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar a un pedido del fiscal Franco Picardi.
Se trata del levantamiento el secreto bancario y bursátil, para que el Banco Central se ocupe de elaborar un informe que detalle quiénes fueron los mayores operadores que transfirieron dinero al exterior durante el gobierno de Macri, ya que la pesquisa intenta establecer si los los 44 millones de dólares solicitados al FMI sirvieron para cubrir la fuga de capitales.