El triple crimen que sacudió a Florencio Varela continúa generando conmoción y repudio en la sociedad argentina. Tras el hallazgo de los cuerpos de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una vivienda del conurbano bonaerense, la justicia ordenó la inmediata detención de cuatro sospechosos que, en las últimas horas, fueron trasladados al Complejo Penitenciario de Melchor Romero, una cárcel de máxima seguridad que se erige en las afueras de La Plata.
El triple crimen que sacudió a Florencio Varela continúa generando conmoción y repudio en la sociedad argentina. Tras el hallazgo de los cuerpos de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una vivienda del conurbano bonaerense, la justicia ordenó la inmediata detención de cuatro sospechosos que, en las últimas horas, fueron trasladados al Complejo Penitenciario de Melchor Romero, una cárcel de máxima seguridad que se erige en las afueras de La Plata.
El penal de Melchor Romero fue refaccionado en los últimos años como parte de un plan provincial destinado a reforzar las condiciones de seguridad y habitabilidad en el sistema carcelario bonaerense. Con una capacidad para 576 internos, se trata de uno de los complejos más modernos de la región.
El establecimiento se organiza en doce pabellones, con una capacidad de 48 reclusos cada uno. El predio, ubicado en 520 y 181, cuenta con un triple alambrado perimetral y once puestos de vigilancia permanente, lo que lo convierte en un espacio altamente custodiado, preparado para evitar fugas o incidentes.
A su vez, el complejo dispone de dos edificios escuela-taller, donde los internos pueden acceder a programas educativos y laborales. Se fomenta la capacitación en oficios como carpintería, herrería, panadería y mecánica, con el objetivo de brindar herramientas de reinserción social. Además, se construyó un campo de deportes para actividades físicas y recreativas, así como un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a las visitas familiares.
El penal incluye también dos conserjerías, tres porterías de control de acceso y un anexo para población femenina, lo que lo convierte en un complejo con infraestructura integral.
En este establecimiento quedaron alojados los cuatro imputados por el asesinato de las jóvenes oriundas de La Matanza. Se trata de:
Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25 años.
María Celeste González Guerrero, de 28 años.
Daniela Iara Ibarra, de 19 años.
Maximiliano Andrés Parra, de 18 años.
Los investigadores sospechan que los acusados participaron de manera directa en el secuestro, las torturas y posterior asesinato de Brenda, Morena y Lara. Por el momento, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, mientras la fiscalía avanza en la recolección de pruebas, testimonios y peritajes.
Los imputados, bajo la figura de detención preventiva, quedarán alojados en el penal a la espera de la continuidad de la investigación judicial y del eventual juicio oral que podría iniciarse en los próximos meses.
El miércoles pasado, la investigación llegó a un punto de horror al confirmarse el hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes en el interior de una vivienda de Florencio Varela. Los cadáveres estaban enterrados en el patio, presentaban signos de tortura y, según trascendió, algunos de ellos mostraban mutilaciones.
Las adolescentes habían sido reportadas como desaparecidas desde el viernes anterior. Durante varios días, sus familias, amigos y vecinos participaron de marchas y rastrillajes en busca de pistas. El desenlace fue devastador: el hallazgo de las tres chicas muertas en condiciones aberrantes.
El velatorio de Brenda, Morena y Lara se llevó a cabo este jueves en un clima de profundo dolor e indignación. Decenas de familiares, amigos y vecinos se acercaron a despedirlas y a exigir justicia.
“Nos arrebataron lo más valioso que teníamos. No queremos venganza, queremos justicia verdadera”, expresó entre lágrimas un familiar directo de una de las víctimas.
En paralelo, organizaciones sociales y de derechos humanos se sumaron a las familias en el pedido de esclarecimiento del caso. La violencia ejercida contra las adolescentes generó un fuerte repudio en todo el país y reavivó el debate sobre la seguridad en el conurbano bonaerense, así como el rol del narcotráfico en la región.
La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en delitos graves de Florencio Varela. Los peritos forenses que realizaron las autopsias confirmaron que las jóvenes habían sido sometidas a un prolongado sufrimiento físico antes de su muerte.
Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque la principal línea de investigación apunta a que se trató de un ajuste de cuentas vinculado a redes narco en la zona. Algunos testimonios apuntan a la figura de un presunto líder criminal conocido como “Pequeño Jota”, señalado como posible instigador del ataque.
Los fiscales, en tanto, cuentan con elementos que vinculan a los cuatro detenidos con el lugar donde aparecieron los cuerpos. La presencia de rastros biológicos y testimonios de testigos refuerzan la hipótesis de la participación directa de los imputados.
La decisión de trasladar a los acusados al penal de Melchor Romero responde también a cuestiones de seguridad. Las autoridades judiciales y penitenciarias consideran que, dado el nivel de conmoción social y la gravedad del caso, los imputados deben permanecer bajo una estricta custodia para evitar incidentes, posibles fugas o represalias dentro de otros penales del conurbano.
Los cuatro detenidos fueron ingresados en distintos pabellones, evitando que compartan el mismo espacio. Se busca así reducir el riesgo de que coordinen estrategias de defensa o manipulen información durante la etapa de investigación.
