El derrumbe expuso las fallas estructurales y la situación administrativa inconclusa del desarrollo urbanístico más grande del Procrear. El repaso de su construcción a lo largo de los años.
El derrumbe del estacionamiento de un complejo habitacional en el barrio porteño de Parque Patricios afectó a más de 300 familias y reabrió interrogantes sobre el futuro de uno de los emprendimientos de vivienda más grandes del país, que quedó en una zona gris administrativa tras la disolución del plan Procrear.
El colapso se produjo alrededor de las 4.45 en un edificio situado detrás del estadio de Club Atlético Huracán. Personal de Bomberos de la Ciudad y del Grupo Especial de Rescate (GER) trabajó en el lugar para descartar víctimas y evaluar daños estructurales. No hubo heridos, aunque el complejo permanece clausurado de manera preventiva mientras se realizan las pericias. Las primeras inspecciones indicaron que cedió la losa del sector de cocheras.
El episodio puso nuevamente en el centro de la escena al Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires, un proyecto iniciado hace más de una década que atravesó distintos gobiernos, rescisión de contratos y cambios de empresas constructoras. En el barrio, algunos vecinos lo describen como una “obra Frankenstein” por la superposición de etapas y responsables.
El emprendimiento comenzó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se promovió la cesión de tierras ferroviarias y se estructuró el financiamiento a través del Banco Hipotecario. El predio, de unas 18 hectáreas entre Parque Patricios y Barracas, alberga cinco bloques con más de 2.300 departamentos, cocheras y locales comerciales, y fue presentado como el mayor desarrollo del Procrear.
Durante la gestión de Mauricio Macri se relanzó el programa, se reemplazó el sistema de sorteo por uno de scoring y avanzó gran parte de la construcción. Más tarde, bajo el gobierno de Alberto Fernández, se reactivaron obras paralizadas y comenzaron las entregas de viviendas en 2021.
La constructora original fue Riva S.A., pero en 2019 el Banco Hipotecario rescindió el contrato por incumplimientos cuando algunos sectores presentaban un avance cercano al 80%. A partir de entonces, distintas firmas asumieron la finalización de áreas específicas bajo supervisión del banco y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).
De acuerdo con la documentación oficial, Constructora Sudamericana S.A. (Consud), junto al estudio MSGSSV, ejecutó los sectores 1, 2 y 10, este último donde ocurrió el derrumbe. Green S.A. intervino en los sectores 3, 4, 5 y 9, mientras que Conorvial S.A. desarrolló el sector 15, con base comercial, entrepiso para hipermercado y subsuelos de estacionamiento. También participaron Vidogar S.A., Carco S.A. e Instalectro, esta última a cargo de espacios públicos y recreativos.
Tras el colapso, Consud difundió un comunicado en el que aseguró que colaborará con las autoridades y que investigará las causas del hecho. “No bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información. La empresa está a total disposición de las autoridades competentes —incluyendo Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, etc.— y presta su colaboración absoluta en todas las investigaciones y peritajes requeridos", indicaron.
Desde el Gobierno porteño señalaron que el proyecto fue licitado originalmente por el Estado nacional y que el Instituto de la Vivienda local solo intervino en el proceso de adjudicación, sin participación en la ejecución ni en los controles técnicos.
En paralelo, vecinos comenzaron a denunciar supuestos vicios constructivos previos, como filtraciones persistentes en cocheras y reparaciones inconclusas. “Hay cosas mal hechas. Venía filtrando la cochera desde hace un par de años, cuando llueve, pierde mucho. Después de cuatro años logramos que empezaran a hacer los trabajos, hicieron cuatro agujeros locos hace cuatro meses y ahí está el desastre”, relató un residente.
A la cuestión estructural se suma un problema administrativo. Según los propietarios, nunca se conformó formalmente un consorcio y la administración quedó bajo una figura fiduciaria transitoria que no terminó de regularizar la situación. La desarticulación del Procrear habría dejado al complejo sin acta integral de final de obra ni escrituración definitiva de las unidades, pese a que las llaves fueron entregadas en 2021.
La causa quedó en manos de la fiscal María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad, que caratuló el expediente como “estrago”. Entre las primeras medidas solicitó documentación sobre permisos de obra, datos de los responsables técnicos y registros de cámaras de seguridad del último mes.
