Según informó Télam, el delantero fue apresado en su vivienda de la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, donde la Policía secuestró su celular, una pistola calibre 9 milímetros, tres cargadores y 39 municiones.
A su vez trascendió que Junior Benítez tiene la documentación correspondiente por la tenencia de esa arma de fuego, mientras que la portación se le venció hace poco tiempo.
Según la orden de detención del juez Vitale, el acusado cometió cuatro hechos, entre ellos amenazas a la familia de su expareja, Anabella Ayala, todo ello en contexto de violencia de género.
Una escala de agresión que comenzó en el 2021
Los hechos denunciados comenzaron a ocurrir el 17 de enero de 2021 cuando el imputado amenazó con un arma de fuego a su exsuegro y prendió fuego algunas pertenencias de su expareja.
El segundo hecho que la fiscalía le endilga, ocurrió el 16 de enero de 2021 cuando "en un contexto de violencia de género" destruyó la "totalidad de archivos contenidos en la notebook propiedad de la familia Ayala sin contar autorización para ello".
En tanto, el 28 de febrero del año pasado Benítez desobedeció la restricción de acercamiento de 300 metros, luego, el 18 de marzo de 2022 volvió a incumplir la perimetral y amenazó con un cuchillo a su exnovia.
El padre de la víctima, Juan Carlos, declaró en el marco de esta causa que su hija convivió con Benítez alrededor de un año y medio, entre el 2018 y 2019, cuando el jugador fue contratado por un club mexicano.
Según su testimonio, en esa época comenzaron "los hechos de violencia" contra Anabella, a quien el imputado "le había sacado el celular", por lo que no podía comunicarse con su familia.
Entre el 2019 y 2020, Benítez fue a jugar a Ecuador y Anabella viajó con él hasta que comenzó la pandemia y "no había forma de traerla" porque ella se tenía que "escapar" para llamar a sus padres.
Además, el magistrado recordó que el 21 de marzo de 2022 el exdelantero Xeneize fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso por los delitos de "violación de domicilio, amenazas y lesiones leves agravados por el contexto de violencia familiar, resistencia a la autoridad y lesiones leves", lo cual aseguró que "robustece la hipótesis fiscal entorno a la existencia de un contexto de violencia de género".