El avance en la causa revela cómo los investigadores reconstruyen una maniobra de administración fraudulenta vinculada al desvío de medicamentos en varios hospitales.
Propofest procesamientos, embargos millonarios y la trama detrás del robo de medicamento hospitalario.
El caso que sacude a uno de los centros de salud más prestigiosos del país empieza a mostrar su despliegue judicial. El expediente N° 8922/26 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 revela, con precisión quirúrgica, cómo los investigadores reconstruyen una maniobra de administración fraudulenta vinculada al desvío de propofol, un anestésico de uso hospitalario crítico.
Según pudo saber A24.com, la resolución puso en el centro de la escena el rol de los médicos Hernán Boveri y Delfina Lanusse, ambos procesados sin prisión preventiva, pero con fuertes medidas patrimoniales que anticipan la gravedad del caso.
El juez Javier Sánchez Sarmiento ordenó el procesamiento de Boveri como autor material del delito de defraudación por administración fraudulenta, lo que implica que, en esta etapa, la Justicia considera acreditado, al menos de manera preliminar, que tuvo un papel central en la maniobra investigada.
En paralelo, Lanusse fue procesada como partícipe secundaria, lo que sugiere un grado de intervención menor, aunque igualmente relevante dentro del esquema que se investiga.
En ambos casos, el magistrado descartó la prisión preventiva, una decisión que suele interpretarse como ausencia de riesgos procesales inmediatos, como fuga o entorpecimiento de la investigación, pero no como una señal de menor gravedad en los hechos. La contundencia, en cambio, aparece en el plano económico: a Boveri se le trabó un embargo por $70.929.520, mientras que a Lanusse por $30.929.520. Las cifras no son arbitrarias; en la lógica judicial buscan cubrir eventuales responsabilidades civiles y penales derivadas del perjuicio económico causado, y también reflejan el distinto grado de responsabilidad que el juez atribuye a cada imputado.
Si bien el documento no despliega en detalle toda la mecánica de la maniobra, la investigación gira en torno al manejo irregular de propofol dentro del Hospital Italiano, un medicamento tan sensible por su uso médico como por su valor fuera de los circuitos legales. La figura de administración fraudulenta apunta, en términos generales, a un abuso de confianza en la gestión de bienes ajenos; en este caso, recursos hospitalarios que habrían sido desviados o utilizados de manera indebida.
El fallo también confirma la continuidad de medidas cautelares dictadas el 12 de marzo de 2026, lo que muestra que el expediente avanza con una línea investigativa sostenida, y dispone la notificación a la Dirección Nacional de Migraciones, un movimiento habitual en causas sensibles para evitar eventuales salidas del país sin control judicial.
El procesamiento marca un punto de inflexión: no es una condena, pero sí un umbral en el que la Justicia considera que hay elementos suficientes para avanzar hacia una eventual elevación a juicio.
El “expediente propofol” se convirtió en un caso de impacto institucional. No solo por los nombres involucrados, sino porque sucede en el corazón de un sistema de salud donde el control de medicamentos debiera ser una cuestión de máxima seguridad. La causa sigue abierta y, como suele ocurrir en estos expedientes, lo más relevante puede estar todavía por escribirse.