El informe es revelador. La pandemia activó aún más la violencia contra las mujeres arrojando cifras estremecedoras. Ya en el 2020 las estadísticas de femicidios habían sido alarmantes, pero el comienzo del año muestra un preocupante crecimiento en la cantidad de mujeres asesinadas.
En los primeros tres meses del 2021, 70 mujeres fueron asesinadas en todo el país. La Asociación Civil “La Casa del Encuentro” difundió los resultados del Observatorio de Femicidios en Argentina donde se advierte que Buenos Aires sigue siendo la provincia con más cantidad de casos. En el primer trimestre se registraron 24 muertes en territorio bonarense. Luego aparece Córdoba con 10 y Santiago del Estero con 6 casos.
Los detalles del informe también exponen que “la vivienda compartida es el sitio más inseguro para las mujeres” y que los golpes “son la principal causa de muerte”. La fallida actuación de la justicia muestra su costado en algunos otros datos concretos:
Otra información clave da cuenta que dos de las víctimas tenían indicio de abuso sexual, otras tres estaban embarazadas, y diez femicidas se suicidaron tras cometer el crimen. El 63% de los femicidas eran parejas o ex parejas de las víctimas.
La otra realidad estremecedora es la que alcanza a las familias de las víctimas. Como consecuencia de los crímenes, 84 hijas e hijos se quedaron sin madre.
"Cada informe duele porque el altísimo índice de violencia sexista en nuestro país no desciende y demuestra que las medidas implementadas, son insuficientes", indica el comunicado del Observatorio al que tuvo acceso A24.com.
Y agrega: "Los medios de comunicación relevados muestran también una gran cantidad de tentativas de femicidios, lo que confirma la imperiosa necesidad de atención que requiere la violencia de género. Esta intencionalidad fallida es la principal razón por la cual el informe de riesgo es un paso que no se puede obviar al momento de evaluar las medidas de protección hacia las mujeres y compañeras trans en situación de violencia".
En el informe de la “La Casa del Encuentro” también se volvió a reclamar la ley 27.210 se haga efectiva a nivel nacional. La norma, sancionada el 26 de noviembre de 2015, tenía como objetivo la creación de un cuerpo de “abogadas y abogados para víctimas de violencia de genero”.
Dicho organismo debía funcionar en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio. Su misión debía ser la de “garantizar el acceso a la justicia de las personas victimas de violencia de genero en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en esta y otras normas relacionadas con la problemática”.
Nada de eso sucedió. Del mismo modo se recordó la necesidad de implementar en todo el país el programa "Acompañar" que asegura una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses para las víctimas.
