En el banquillo estarán “Mameluco” y dos de sus hijos, acusados de narcomenudeo y coimas a la Policía, pero no responderán por las 24 muertes ocasionadas por la cocaína adulterada con carfentanilo en 2022.
El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín abrirá este martes un proceso considerado clave en la historia reciente del narcotráfico bonaerense. La magnitud del juicio es inusual porque se movilizarán 15 detenidos desde el penal de Marcos Paz y otros nueve serán retirados de sus domicilios, donde cumplen arresto con tobillera electrónica.
En paralelo, tres de los imputados con mayor peso dentro de la organización permanecerán en el Módulo C del Complejo de Ezeiza. El Servicio Penitenciario Federal se negó a trasladarlos por su nivel de peligrosidad. Allí viven bajo un régimen de “Alto Riesgo”, lo que supone pasar 20 horas al día encerrados en sus celdas.
En el centro de la escena aparece el clan Villalba. Su líder, Miguel Ángel “Mameluco” Villalba (63), intentó en 2010 ser intendente de San Martín y hoy arrastra una condena unificada de 23 años. Lo acompañan en el banquillo dos de sus hijos: Iván, alias “El Salvaje”, con antecedentes por homicidio y narcotráfico, y Luca Nahuel Baigorria, apodado “Dylan”, hijo del corazón del capo, también con causas previas.
La acusación sostiene que el clan manejaba el narcomenudeo en Billinghurst, incluso desde prisión. También se les atribuye haber pagado sobornos a policías de la comisaría local para liberar a dos integrantes de la banda.
El juicio abordará esas coimas, las maniobras de venta y un capítulo mucho más delicado que tiene que ver con la cocaína adulterada con carfentanilo que en febrero de 2022 provocó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones.
No obstante, los Villalba nunca fueron imputados por ese episodio. La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, entendió que si bien eran responsables de la droga, no existió “dolo”. Por esa razón nunca los indagó por el envenenamiento masivo. Una decisión que generó controversia.
La Cámara de Apelaciones, además, dictó falta de mérito a los arrestados en el búnker de Puerta 8, de donde salió la cocaína mortal. El resultado es que a más de tres años de la tragedia, no hay acusados formales por las muertes. La explicación judicial es que “la investigación sigue abierta”.
Para las audiencias, se dispuso un operativo de seguridad inédito. Una sala especial –habitualmente usada en juicios por delitos de lesa humanidad– recibirá a los acusados bajo custodia de una unidad de elite del SPF. Afuera estarán apostados efectivos de la Policía Federal y de la PSA.
El fiscal Carlos Cearras llevará adelante la acusación frente a un tribunal integrado por las juezas María Claudia Morgese y Silvina Mayorga, y el juez Walter Venditti. Declararán unos 300 testigos, incluidos sobrevivientes y familiares de víctimas de la cocaína adulterada, un contraste llamativo frente a la ausencia de imputaciones directas por aquellas muertes.
El 2 de febrero de 2022, en Puerta 8, partido de San Martín, estalló una crisis sin precedentes cuando consumidores que habían comprado cocaína en la zona comenzaron a desplomarse. Veinticuatro murieron y más de 80 fueron atendidos en hospitales con síntomas de convulsiones, vómitos, desorientación y fallas respiratorias.
Los médicos advirtieron que los pacientes respondían a tratamientos contra opioides. Poco después, pericias confirmaron que la droga contenía carfentanilo, un opioide sintético cien veces más fuerte que el fentanilo y casi imposible de conseguir en Argentina.
Las escuchas telefónicas obtenidas en una causa previa contra “Mameluco” reforzaron la sospecha. En ellas se hablaba de “probadores” que habían sufrido efectos graves y de la urgencia por retirar la droga defectuosa. “Si sale eso de vuelta va a ser una masacre”, se escucha en una de las conversaciones.
El propio Villalba, desde la cárcel, se quejaba de lo ocurrido: “Hicieron todos cagadas, sacaron la droga fea para vender esta mañana. Estaba todo para guardar, en vez de tirarlo, lo pusieron”.
La investigación también descubrió un entramado de corrupción policial. Agentes de la comisaría 1ra. de San Martín habían detenido a dos miembros de la banda, pero no notificaron a la Justicia. En su lugar, los golpearon, fotografiaron y ofrecieron su liberación a cambio de medio millón de pesos.
El pago fue confirmado por escuchas y hasta por videos que registraron la entrega del dinero. En la conversación, los propios miembros de la organización reconocen que “quinientas lucas piden para largarlos” y que Iván “Salvaje” Villalba había dado el visto bueno para pagar.
Con este combo de narcotráfico, corrupción policial y un trasfondo de muertes aún sin responsables, el juicio que inicia esta semana promete revelar nuevos capítulos de una historia que sacudió a San Martín y dejó al descubierto los vínculos entre las bandas narco y sectores del Estado.
