La decisión de la Justicia de Tucumán de sobreseer a los exjugadores de Vélez Sarsfield denunciados por una presunta violación volvió a poner en el centro del debate público el funcionamiento del sistema judicial frente a las denuncias por violencia sexual.
La decisión de la Justicia de Tucumán de sobreseer a los exjugadores de Vélez Sarsfield denunciados por una presunta violación volvió a poner en el centro del debate público el funcionamiento del sistema judicial frente a las denuncias por violencia sexual. El fallo, que benefició a Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, provocó una inmediata reacción de la mujer que los había acusado, quien habló públicamente y expresó su profunda indignación, frustración y dolor.
“Nadie me va a negar las lesiones que tuve. Nadie me va a negar mi short ensangrentado. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, afirmó la denunciante en diálogo telefónico con TN, en una declaración cargada de emoción, bronca e impotencia. Sus palabras reflejan el impacto personal de una resolución judicial que, lejos de cerrar la herida, parece haberla profundizado.
Para la mujer, el sobreseimiento no solo significa un revés en su causa personal, sino también un mensaje peligroso para otras víctimas de violencia sexual. “No puede ser esto un precedente para que las mujeres nos quedemos calladas y no denunciemos”, sostuvo, con la voz quebrada, al advertir sobre el efecto desaliento que este tipo de fallos puede generar en quienes atraviesan situaciones similares.
La reacción de la denunciante fue inmediata. Apenas conocida la resolución judicial, expresó lo que siente tras meses de exposición pública, declaraciones, pericias y expectativas puestas en el accionar de la Justicia. “Son esos días en los que uno siente que todo el camino recorrido no valió para nada. Mucha impotencia, mucha bronca”, resumió.
El proceso judicial, según su testimonio, fue vivido como un camino largo y desgastante, no solo desde lo legal, sino también desde lo humano. La causa, que tuvo fuerte repercusión mediática por involucrar a futbolistas profesionales de un club histórico del fútbol argentino, expuso a la denunciante a un nivel de escrutinio público que, asegura, nunca imaginó enfrentar.
“La decisión de hoy cae como un balde de agua fría, pero es previsible. La Justicia tucumana no cuida a las víctimas”, afirmó con dureza. Sus palabras no solo apuntan al fallo en sí, sino a una crítica más amplia sobre el modo en que, según su percepción, se abordó el caso desde el inicio.
Uno de los puntos que más indignación generó en la mujer fue el contenido de los fundamentos expresados por el magistrado que dictó el sobreseimiento. En su descargo público, la denunciante aseguró sentirse revictimizada por la interpretación que el juez realizó de determinadas pruebas y comportamientos posteriores al hecho denunciado.
“El juez dijo en la resolución que a mí se me ve caminar erguida. Decía que ‘le puse un emoji’ a Sebastián Sosa”, relató, con evidente enojo. Para la mujer, ese tipo de argumentos desconocen la complejidad emocional y psicológica que atraviesa una persona que denuncia una agresión sexual.
Desde su perspectiva, el fallo pone el foco en conductas posteriores al hecho, sin considerar adecuadamente el contexto, el estado de shock y las múltiples formas en que una víctima puede reaccionar tras una situación traumática. “Es un sentimiento de tristeza, primero como mujer y, segundo, como persona joven. No merezco estar pasando el escarnio público al que me han sometido”, expresó.
Lejos de resignarse, la denunciante dejó en claro que el sobreseimiento no marca el final de su lucha. “Voy a buscar otra instancia y voy a llegar a la última”, aseguró, convencida de que aún quedan caminos legales por recorrer.
Su determinación refleja una postura firme frente a lo que considera una injusticia. En un contexto donde muchas causas por delitos sexuales no llegan a juicio o terminan archivadas, su decisión de continuar el proceso se convierte también en un mensaje político y social, más allá del resultado judicial.
La mujer insiste en que existen elementos que no pueden ser ignorados. “Nadie me va a negar las lesiones que tuve”, repitió, en referencia a pruebas físicas que, según su versión, fueron documentadas en el marco de la investigación. Para ella, esos indicios deberían haber tenido un peso determinante en la resolución del caso.
La causa tuvo su origen en marzo de 2024, cuando la mujer denunció haber sido víctima de una violación por parte de cuatro futbolistas que en ese momento integraban el plantel profesional de Vélez Sarsfield. La gravedad de la acusación generó un fuerte impacto en el ámbito deportivo y social, y colocó el caso bajo una intensa cobertura mediática.
El hecho denunciado habría ocurrido en Tucumán, un día después de la octava fecha de la Copa de la Liga, cuando Vélez enfrentó a Atlético Tucumán. Según la denuncia, el encuentro entre la mujer y los jugadores se produjo en el marco de la estadía del equipo en la provincia.
Los acusados —Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré— quedaron imputados y fueron sometidos al proceso judicial correspondiente, que incluyó declaraciones, pericias y la evaluación de pruebas. Finalmente, el juez resolvió dictar el sobreseimiento, al considerar que no existían elementos suficientes para avanzar hacia un juicio oral.
Más allá del caso puntual, la resolución judicial volvió a encender el debate sobre cómo responde el sistema judicial ante las denuncias por delitos sexuales, especialmente cuando los acusados son figuras públicas o personas con visibilidad social.
Organizaciones feministas y especialistas en género han señalado en reiteradas oportunidades que la revictimización, la interpretación sesgada de conductas y la exigencia de determinados “modelos de víctima” siguen siendo obstáculos frecuentes en este tipo de causas. Aunque el fallo aún puede ser apelado, su impacto simbólico ya es profundo.
Para la denunciante, el mensaje que deja la resolución es preocupante. “No puede ser un precedente para que las mujeres nos quedemos calladas”, insistió. Su temor es que otras víctimas, al ver lo ocurrido, decidan no denunciar por miedo a no ser creídas o a atravesar un proceso judicial que termine agravando el daño.
Uno de los aspectos más sensibles del caso fue la exposición mediática que enfrentó la mujer desde el inicio de la denuncia. La difusión del hecho, los debates en redes sociales y las opiniones cruzadas generaron un clima de fuerte polarización, donde la presunción de inocencia de los acusados convivió con el relato de la denunciante y el reclamo de justicia.
“No merezco estar pasando el escarnio público al que me han sometido”, afirmó, al describir el costo personal de haber llevado su denuncia a la Justicia. Según su testimonio, el proceso no solo afectó su vida emocional, sino también su entorno familiar y social.
En este contexto, el sobreseimiento no representa para ella un cierre, sino una nueva etapa de lucha, ahora enfocada en revertir la decisión judicial y en visibilizar lo que considera falencias estructurales del sistema.
Aunque la Justicia de Tucumán haya dictado el sobreseimiento, el caso está lejos de quedar cerrado en el plano social. La palabra de la denunciante, su decisión de continuar y el impacto del fallo mantienen viva una discusión que atraviesa al fútbol, a la Justicia y a la sociedad en su conjunto.
El expediente puede seguir su curso en instancias superiores, pero mientras tanto, la historia deja preguntas abiertas: ¿cómo se investigan los delitos sexuales?, ¿qué peso tienen las pruebas?, ¿qué mensajes se transmiten a las víctimas cuando una causa se cierra sin juicio?
Para la mujer que denunció, la respuesta es clara: no piensa callarse. “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, repite, convencida de que su caso trasciende lo personal y se inscribe en una pelea más amplia por el reconocimiento y la protección de las víctimas.
