Según explicó el jefe comunal, todo comenzó cuando los números contables no cerraban. Había movimientos irregulares, registros duplicados y facturación que no coincidía con los ingresos reales. Ante esas inconsistencias, la administración municipal inició un seguimiento detallado del trabajo de Watson entre el 24 de enero y el 4 de febrero.
Lo que descubrieron fue más grave de lo que imaginaban. En ese período, se registraron maniobras contables adulteradas, diferencias de caja sin explicación, doble registración de ingresos y el uso irregular de una cuenta llamada “Ingresos Pendientes”, una suerte de caja negra donde -según sospechan- la tesorera derivaba los montos que luego desaparecían del sistema.
Pero la prueba más contundente llegó con la instalación de cámaras internas: 11 videos muestran cómo Watson toma fajos de dinero, los guarda en su cartera bordó o en un neceser, mira a su alrededor y continúa trabajando como si nada hubiera ocurrido.
Esas imágenes son hoy el corazón de la causa judicial.
“Se abusó del poder que tenía”
Para Ibarguren, no había margen de duda. “Ella evidentemente se abusó del poder que tenía”, afirmó el intendente en declaraciones a Clarín.
Explicó que el municipio entregó rápidamente todas las pruebas a la Justicia y que la imputación fue el paso lógico en un caso que evidencia un “esquema sistemático de irregularidades”.
El proceso administrativo fue largo, reconoció, por eso recién ahora se concretó su cesantía mediante un decreto firmado en la madrugada y sin comunicación pública previa.
El descargo insólito de la empleada
A pesar de las pruebas visuales, Watson negó haber robado dinero del municipio. Su defensa presentó una explicación que sorprendió incluso a los instructores del sumario: aseguró que el dinero era suyo.
Sostuvo que por “temor a la inseguridad” en Pinamar prefería llevar sus ahorros consigo al trabajo y que por eso se la ve guardando fajos de efectivo en los videos.
También cuestionó la validez de las grabaciones y señaló que fueron tomadas fuera de contexto o sin las garantías necesarias.
La Junta de Disciplina municipal rechazó todos sus argumentos por considerarlos inconsistentes, y avaló la medida de expulsión.
La causa penal sigue su curso.