Era una definición que se veía venir. Sobre todo porque la situación estaba entrando en un terreno peligroso. La Cámara del Crimen le ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que en el menor tiempo posible genere los cupos para alojar a todos los detenidos que hoy están en las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.
También el tribunal instó a que se tomen las medidas necesarias "para que la situación imperante no vuelva a ocurrir".
Los camarista Marcelo Lucini, Ignacio Rodríguez Varela y Hernán Martín López hicieron lugar a un habeas corpus colectivo presentado por Leandro Destéfano, Cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
En la resolución, a la que accedió A24.com, los jueces sostuvieron que "los derechos afectados requieren tutela inmediata”. De lo contrario, se estaría ante una bomba de tiempo a punto de explotar. Obviamente la estructura de los establecimientos policiales no está pensada para alojamientos de larga estadía. Hay comisarías en la ciudad abarrotadas de presos. Un cálculo judicial indica que hay capacidad para 543 personas y hoy albergan más de 1.272 detenidos.
"Una vez más se encuentran acreditadas las falencias e irregularidades en el alojamiento de las personas detenidas en comisarías y alcaidías de la ciudad y que no ingresan al ámbito del Servicio Penitenciario Federal en tiempo oportuno", sostiene el fallo.
De este modo, los camaristas terminaron de confirmar que el conflicto va desde condiciones de hacinamiento lamentables, a falta de aseo y hasta un virtual abandono de tratamientos médicos.
"Los actos lesivos denunciados provienen en definitiva de la omisión del Servicio Penitenciario Federal de cumplir su función principal, lo que en la práctica se ve deficientemente enmendado por la actividad ajena a sus funciones que despliegan las autoridades que tienen a su cargo las comisarías y alcaidías comunales, que alojan de manera permanente a ya no sólo imputados, sino también a procesados y condenados", reveló el documento.
