El nombre de Marcelo Porcel trascendió el mundo empresarial este viernes, cuando se conoció que está imputado en una causa por presuntos abusos a menores vinculados con el colegio al que asiste su hijo, en el barrio porteño de Palermo.
Son al menos 10 las denuncias, donde se describe que Marcelo Porcel hacía reuniones en su casa y en su oficina y los incitaba a beber alcohol y a apostar.
El nombre de Marcelo Porcel trascendió el mundo empresarial este viernes, cuando se conoció que está imputado en una causa por presuntos abusos a menores vinculados con el colegio al que asiste su hijo, en el barrio porteño de Palermo.
La investigación, iniciada el 5 de julio de 2024, se tramita bajo secreto de sumario en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, con la intervención de la Fiscalía Nacional N°1, liderada por Pablo Turano.
Porcel enfrenta imputaciones por abuso sexual reiterado, corrupción de menores y otras conductas conexas, luego de que diez adolescentes presentaran denuncias en su contra.
Según los testimonios, los hechos habrían ocurrido en su domicilio en Palermo, el departamento de su madre en Puerto Madero y sus oficinas, donde los jóvenes eran invitados a reuniones en las que se les ofrecía alcohol y dinero para apuestas online. Las denuncias señalan que el empresario utilizaba su posición de poder y recursos para ganarse la confianza de los menores y de sus familias, generando situaciones de vulnerabilidad que derivaron en los presuntos abusos.
Marcelo Porcel es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, la histórica tarjeta de crédito argentina, y hasta hace pocos meses fue concesionario del shopping Oh! Buenos Aires, ubicado en Recoleta.
Su perfil empresarial abarca también proyectos en agricultura, ganadería e inversiones inmobiliarias, lo que lo posicionaba como un personaje conocido en ciertos círculos sociales y financieros de la ciudad.
A pesar de la gravedad de las imputaciones y de las pruebas recolectadas, Porcel aún no fue indagado. El juez Bruniard decidió aplicar el principio de “economía procesal”, aguardando que todas las víctimas completen sus declaraciones en Cámara Gesell antes de convocarlo.
Esta determinación generó el rechazo de las familias, que reclamaron que los derechos de los menores no pueden postergarse.
Entre las medidas cautelares dictadas se encuentran la prohibición de contacto con las víctimas y sus familias y la restricción de acercamiento de 300 metros, impidiéndole concurrir al colegio o al club GEBA, donde los adolescentes practican deportes.
Sin embargo, el empresario recibió autorización judicial para viajar a Punta del Este durante diciembre 2025 y enero 2026, a pesar de los pedidos de la Defensora de Menores para retener documentos de viaje y limitar su movilidad.
Según los relatos de los adolescentes y sus familias, Porcel lograba ganarse su confianza mediante gestos de generosidad y participación en sus actividades, para luego inducirlos a situaciones de vulnerabilidad que habrían derivado en los abusos.